"Decepción" de Garamendi por los nuevos escollos en el IMV

La consejera llamará a la ministra Rodríguez para que imponga la "voluntad política"

16.02.2022 | 20:35
La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez

Habrá transferencia y será integral y sin fecha de caducidad. Pero los detalles vuelven a retrasar el traspaso del Ingreso Mínimo Vital. La reunión de este miércoles no marchó como se esperaba y los técnicos del Gobierno vasco la abandonaron con "decepción". Las dos horas de reunión telemática de la ponencia técnica para abordar la transferencia del Ingreso Mínimo Vital no sirvieron para cerrar un acuerdo definitivo sobre una materia que se ha convertido en una carrera de obstáculos. En esta ocasión, desde la consejería de Autogobierno de Olatz Garamendi admitieron que no se ha podido cerrar un acuerdo porque la reunión terminó "sin consenso en cuestiones que afectan al procedimiento de gestión del IMV y que podrían ser superadas con voluntad política".

Garamendi ha decidido tirar por elevación y se pondrá en contacto con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para abordar dos cuestiones procedimentales y buscar una salida. Con ella, ya desbloqueó que el traspaso no tuviera fecha de caducidad. Desde el Ministerio aseguran a este periódico que "la voluntad política es clara, ya lo sabe el Gobierno vasco".

Garamendi mantiene la "esperanza" en que se pueda cerrar un pacto, y se muestra algo contrariada porque los aspectos más complejos ya se han salvado. Fuentes del Ministerio de Rodríguez aseguran que han quedado en "seguir con reuniones en próximas fechas".

CLAVE PARA LA RELACIÓN CON EL PNV

El bloqueo en este traspaso ha amenazado las relaciones entre Sánchez y el PNV, o incluso con el propio lehendakari. La transferencia la firmó el PNV con el Gobierno español en 2020, en el contexto de las prórrogas del estado de alarma. Tendría que haber llegado el 31 de octubre de ese año, pero el ministro Escrivá planteó en primer lugar una tutela del Estado, que la Seguridad Social fuera quien realizara el pago en lugar de Lanbide, lo que supondría una mera encomienda de gestión; y después planteó que el traspaso tuviera una fecha de caducidad de diez años prorrogables. Esta transferencia también formaba parte del acuerdo para no enmendar a la totalidad los Presupuestos estatales de este año.

Una vez despejado que el traspaso no tendría fecha de caducidad, como adelantó este periódico, en las últimas horas se han afinado algunos detalles para garantizar que sea íntegro, y se ha trabajado en el proceso de las altas, donde podrían estar surgiendo estos reparos. Se han lanzado algunos mensajes desde el socialismo en dirección a blindar esta transferencia frente a eventuales recursos de la derecha española ante el Tribunal Constitucional apoyándose en una decisión judicial sobre Catalunya que no afectaría a Euskadi, con sus propias haciendas y un régimen foral.

El traspaso debe cerrarse también con respeto al Concierto Económico y debe permitir que se ensamble con la RGI vasca. El lehendakari había asegurado por la mañana que, si no era en esta cita, se cerraría en una segunda reunión. Esta transferencia supondría un bálsamo para la relación entre el Gobierno español de Pedro Sánchez y el PNV, que ya avisó de que retiraría su respaldo al presidente si incumple el acuerdo para la transferencia firmado en 2020.

BLOQUEO DEL CALENDARIO

Por otro lado, ha actuado como un tapón que ha centrado todos los esfuerzos en los últimos meses y ha dificultado que se avance en paralelo en la treintena de competencias que recoge el calendario y que aún quedan por transferir en el Estatuto de Gernika. Desatascar el IMV implicaría retomar el calendario. Garamendi ya envió ofertas el año pasado a Madrid sobre los servicios de meteorología, el fondo de protección a la cinematografía y la gestión del litoral y, por otro lado, Madrid se prestó a avanzar en las líneas de tren de cercanías.

El proceso para cumplir el Estatuto se ha visto amenazado históricamente por las pulsiones en contra de los traspasos en la burocracia del Estado, y el Gobierno español tiene especiales reservas sobre materias relacionadas con la Seguridad Social, los aeropuertos y los puertos aunque aparezcan en el calendario.

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