El Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, a través de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico entre Navarra y el Estado que se ha celebrado este viernes de manera telemática, han suscrito el acuerdo por el cual se podrá hacer efectivo el derecho al adelanto de la edad de jubilación de los miembros de la Policía Foral a los 60 años o 59 años (en los casos de 35 años de servicio) prevista en la disposición final vigésima octava de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

Dicha disposición en la parte referida a la Policía Foral se introdujo a través de una enmienda acordada en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos y EH Bildu en el debate que culminó con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

A través de la misma se modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre por la cual la edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de los miembros de la Policía Foral se reducirá en un periodo equivalente al que resulte de aplicar a los años completos efectivos de trabajo como miembros de la Policía Foral el coeficiente reductor del 0,20, aunque como máximo se establece que no se podrá acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior en 5 años a su edad ordinaria de jubilación (establecida en 65 años), o en 6 años en los supuestos en que se acrediten 35 años de actividad efectiva y cotización, por el ejercicio de la actividad de Policía Foral.

Acuerdo de financiación

Mediante el acuerdo de la Comisión Coordinadora entre Navarra y el Estado, el Estado financiará la cuantía anual correspondiente a las cotizaciones recargadas que se deban implantar como consecuencia de la pérdida de cotizaciones por el adelanto de la edad de jubilación y por el incremento en las prestaciones en los años en que se anticipe la edad de jubilación, en cuantía equiparable a la que la Administración del Estado abona en los casos de jubilación anticipada de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el Régimen de Clases Pasivas.

Así, el Estado pagará a la Comunidad Foral anualmente el importe que resulta de aplicar el porcentaje equivalente sobre el importe anual de la cotización recargada a pagar por el Gobierno de Navarra. Este importe se compensará en el pago de la Aportación a las cargas generales del Estado que debe realizar la Comunidad Foral de Navarra.

Mediante este acuerdo, el Gobierno de Navarra cumple así con un plazo por debajo de seis meses previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra para habilitar la efectividad del adelanto en la edad de jubilación de los policías forales una vez aprobada en la normativa estatal de referencia.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha hecho una valoración “muy positiva” del Acuerdo de la Comisión Coordinadora para hacer efectiva la jubilación anticipada de la Policía Foral, ya que “va a suponer una mejora de las condiciones laborales de los miembros de la Policía Foral, así como de la capacidad operativa del cuerpo derivado de tener disponibles el total de las jornadas de las plazas de las personas que pasan a situación de jubilación para su convocatoria en ofertas públicas de empleo”. Finalmente, el consejero Remírez ha agradecido el esfuerzo colectivo de los grupos políticos que lo han hecho posible, así como al impulso de las fuerzas sindicales que tanto a nivel de Navarra como de su representación en el Estado han hecho posible este acuerdo”.

Comisión coordinadora del Convenio económico

En representación de la Comunidad Foral de Navarra ha participado la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz; el director gerente de la Hacienda Foral de Navarra, Óscar Martínez de Bujanda; la directora general de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica, Begoña Urrutia; el director general de Intervención, Ignacio Arrizabalaga; la directora del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico, Cristina Sarasa; y la directora del Servicio de Convenio Económico, Análisis Fiscales y Administración, Maite Domínguez.

En representación de la Administración del Estado ha participado la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; el Secretario de Estado de Hacienda, Héctor Fernando Izquierdo; la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda; el Secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González Gómez; la Secretaria General de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez; y la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz de Moragas.