Vera advierte de la importancia de mantener la atención presencial

En su primera comparecencia en el Parlamento foral tras ser elegido como Defensor, Patxi Vera ha presentado el Informe Anual de la institución correspondiente al ejercicio 2021, un trabajo que contempla 3.547 actuaciones, 154 más que en 2020, lo que supone un aumento del 4,54%.

Las diez materias en las que más quejas se han recibido han sido Covid-19 (200), educación (128), bienestar social (118), acceso a un empleo público (86), vivienda (83), tráfico y seguridad vial (79), hacienda (74), función pública (73), sanidad (73) y medio ambiente (63).

Patxi Vera ha afirmado que las quejas por Covid-19 han bajado respecto a 2020, cuando se registraron alrededor de 300, y además ha variado su contenido. "En 2020 se centraban en residencias, libre circulación, o restricciones de actividad, y en 2021 pasaron a centrarse en vacunación, certificado digital, sanciones, ayudas compensatorias, y falta de atención presencial en la Administración", ha explicado. En este último caso, ha echo especial mención a la "desatención en la Seguridad Social y Extranjería, que estamos observando con preocupación en estos meses".

Además, Vera ha explicado que el año pasado el Defensor del Pueblo de Navarra renovó su página web y "está dando pasos importantes en el camino de la digitalización, aunque sigue habiendo una brecha digital que se tiene que tener en cuenta, y ahí debemos ofrecer una atención presencial, para que las personas puedan presentar sus quejas" precisamente por cuestiones como "la falta de atención presencial" en las Administraciones. El año pasado, el Defensor del Pueblo de Navarra recibió cerca de 300 quejas de forma presencial.

También se ha detenido Vera en el acceso a la vivienda, para afirmar que "tenemos la tremenda escasez de vivienda que tenemos y no deberíamos poner trabas a una autorización de habitabilidad porque falten cinco centímetros en la altura de un pasillo".

Respecto del contenido global del informe relativo a 2021, la labor de supervisión desplegada el año pasado ha permitido hacer llegar a las Administraciones públicas de Navarra 128 sugerencias (otras 20 de índole normativo), 287 recomendaciones y 55 recordatorios de deberes legales (en total 490 decisiones). Todo ello fruto de los 6.034 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 1.923 consultas y presentar 1.408 quejas (han gestionado 1.540, incluidas los pendientes de 2020), el 82% admitidas a trámite.

Se han practicado 1.000 investigaciones, 965 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 21 de oficio y 14 a propuestas ciudadanas. Este millar de investigaciones representa la cifra más elevada desde la puesta en marcha de la institución.

Tras examinar las quejas, se apreciaron total o parcialmente el 72% por parte del Defensor. El grado de aceptación de las resoluciones dirigidas por esta institución hacia las Administraciones se sitúa en el 52,3%, si bien a esta cifra se han de añadir los casos en los que las Administraciones actuaron antes de que el Defensor llegara a emitir una resolución, con lo que el porcentaje de aceptación se elevaría al 68,9%.

El mayor grado de aceptación de resoluciones dentro del Gobierno de Navarra se ha dado en los departamentos de Desarrollo Rural y Medio Ambiente; Políticas Migratorias y Justicias; Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior; Derechos Sociales; y Salud. Por contra, los menos receptivos fueron Economía y Hacienda; Desarrollo Económico y Empresarial; Educación; Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos; y Cohesión Territorial.

En el ámbito local, las entidades más receptivas fueron el Ayuntamiento de Pamplona, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y los consistorios de Barañáin, Aranguren, Cendea de Cizur, Torres del Río y Villava. En el lado contrario se sitúan los ayuntamientos de Burlada, Valle de Egués, Ansoáin y Tudela.

TRES PROCEDIMIENTOS PARA MULTA, SIN LLEGAR A MATERIALIZARSE

Patxi Vera ha recordado que el pasado 1 de octubre entró en vigor una modificación legal que posibilita al Defensor imponer multas coercitivas a las Administraciones que no respondan a los requerimientos de la institución. En ese sentido, en 2021 el Defensor dictó tres resoluciones para poner en marcha una multa coercitiva en caso de que no se atendieran en el plazo de diez días determinadas solicitudes de información. Esos procedimientos iban dirigidos al departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, al Ayuntamiento de Corella y a la Mancomunidad de Mairaga, que finalmente cumplieron con las peticiones de información y no llegaron a ser multados.

En el turno de intervención de los grupos, el portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha llamado la atención sobre la falta de atención presencial en servicios públicos, "algunos de ellos básicos, un tema que se ha repetido en críticas en esta Cámara". También se ha detenido en los problemas para el acceso a la vivienda, ámbito en el que a su juicio "no se están dando los pasos suficientes" para atender la demanda. "Esperemos que en los próximos años se pueda reconducir esta situación", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz del PSN, Inma Jurío, ha destacado la labor que realiza el Defensor del Pueblo y ha valorado que "es importante que una vez al año hagamos esta labor de darle foco al trabajo" de esta institución, que "no es una mera receptora de quejas de los ciudadanos, sino que realiza propuestas de mejora, hace recomendaciones de cambios normativos o interviene con actuaciones de oficio". "Tiene una actitud proactiva más que ser un mero receptor de las quejas de los ciudadanos", ha apuntado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que el informe del Defensor es "un magnífico termómetro para tener una percepción lo más cierta posible respecto a las preocupación de la sociedad" y ha apuntado que "más del 80% se refieren a la relación de la ciudadanía navarra con el Gobierno de Navarra y las entidades locales y nos señalan que siempre hay una carencia que viene a solventar la oficina del Defensor del Pueblo".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha destacado que "es interesante que se sigan realizando por parte del Defensor actuaciones de oficio en temas que preocupan a la ciudadanía" y ha valorado, por otro lado, que "ha tenido efecto" la habilitación de las multas coercitivas para que las Administraciones colaboren. "Se ha pasado de la lista negra de entidades que no colaboran con el Defensor del Pueblo a una lista de purgatorio en la que te dan diez días después de cuatro apercibimientos", ha señalado, destacando que ninguna entidad ha sido multada porque finalmente han atendido los requerimientos.

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha hecho una valoración positiva del informe, "en el sentido de que el Defensor continúa con la actividad y crece en el ámbito de las investigación llegando al millar, el año con más investigaciones". Además, ha considerado que "la amenaza de las multas funciona, porque los tres entes que no estaban respondiendo han pasado a hacer caso, pero creemos que son pocas las sanciones para un grado de aceptación en la Administración del 52% de las quejas".

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha señalado que "el Defensor se ha consolidado como un mecanismo altamente eficaz para defender los derechos de la ciudadanía ante las Administraciones públicas, al mismo tiempo que se muestra como un mecanismo eficiente para mejorar el funcionamiento de las propias administraciones".