Pamplona - La legislatura arranca su ejercicio final con un tema complejo en la agenda como es la elaboración de una nueva ley del euskera o una modificación a fondo de la actual en lo que tiene que ver con la cooficialidad o la zonificación. El asunto quedó sin concretar en el acuerdo programático de 2015, pero en 2018 -con la fase final de la comisión especial creada en el Parlamento- vuelve a ser un año decisivo para un asunto que despierta posiciones encontradas aunque también, nuevas aportaciones posibilistas y concretas como las planteadas por CCOO y ELA (el primero se abstuvo y el segundo dio un “sí critico” al decreto del euskera, por cierto) al final de las sesiones de junio que pudieran marcar una vía de acuerdo.

El calendario de la comisión se retomará el día 19, con las aportaciones de los medios de comunicación. En otras dos sesiones serán Euskaltzaindia, Eusko Ikaskuntza y Kontseilua -que ha convocado una manifestación para el 27- quienes cerrarán esta fase de expertos y colectivos para dar paso al debate político. La primera parte de las comparecencias previas al verano dejaron intervenciones de calado y distinto signo como las de Pello Salaburu, Miguel Izu, Mikel Arregi o Román Felones. Pero en el ámbito de lo práctico, aunque las diversas centrales sindicales también expusieron sus posiciones, destacaron por novedosas dos aportaciones que además proceden de mundos y sensibilidades distintas en torno a la lengua. Por un lado CCOO, dentro de su nueva etapa en la dirección, se sitúo como punto de encuentro para evitar “polarizaciones” cuestionando aspectos de la política lingüística actual del Gobierno pero respaldando otras al tiempo que pedía “concreción” en cuanto a las propuestas de oficialidad. ELA, por su parte, cogió el guante apelando a la normativa de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona como ejemplo al tiempo que enumeraba una serie de propuestas por campos. Aunque es un tema difícil que genera gran discusión política y socialmente, estas aportaciones señalan un posible itinerario para quien quiera transitarlo. El Parlamento decide.

Miguel Izu. Este experto jurista también sugirió recorridos intermedios para garantizar la convivencia de lenguas tomando como ejemplos otros países, aunque avisó sobre el marco legal.

Pello Salaburu. El ex rector de la UPV abogó por la discriminación positiva para proteger a la lengua más débil.

Itziar Idiazabal. Esta catedrática de Lingüística apostó por “vías flexibles” y basada en la voluntariedad para avanzar.

Iñaki Agirrezkuenaga. Este catedrático de Derechos Administrativo subrayó la idea de que “oficialidad” no significa “imposición”, sino reconocimiento de derechos.

Íñigo Urrutia. Este profesor de la UPV consideró que la poca concreción del Amejoramiento otorga al Parlamento un amplio campo para mejorar la protección de la lengua vasca.

Arantza Aranburu y Edurne Arrizibita (Behatokia). Las dos portavoces del Observatorio de Derechos Lingüísticos se posicionaron abiertamente por la cooficialidad.

Imanol Carrera e Íñigo Orella (LAB). Los representante de LAB apostaron por el fin de la zonificación a nivel de política lingüística y por crear un único modelo plurilingüe en educación.