Bilbao - José María (Txema) Martínez Sanz abusó sexualmente del niño Juan durante dos cursos escolares en el colegio Gaztelueta. Lo negó él, lo negó el centro educativo, también varios profesores y hasta la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero la Justicia, la Audiencia Provincial de Bizkaia, ha determinado que sí, que Txema Martínez es “autor de un delito continuado de abuso sexual” y, por eso, le condena a once años de prisión.

Es una sentencia contundente: la pena máxima establecida para casos así es de doce años y seis meses de cárcel, pese a que la acusación solicitaba diez años. Hoy mismo, la abogada de la víctima, Leticia de la Hoz, pedirá el ingreso inmediato en prisión del condenado.

Creyeron a Juan. Primero sus padres, cuando pudo contarles el infierno por el que había pasado. Sufrieron con él, “muchísimo”, y pelearon. “Mi hijo tenía razón y se la han dado, es un ingrediente que hacía falta para que se sintiera reconocido”, aseguraba ayer Juan Cuatrecasas, el padre que ha dado la cara. No siempre fue fácil. De hecho, las primeras veces que habló con la prensa lo hizo sin nombre, de espaldas y sin localización. Creyeron a Juan los médicos que le atendieron y también las peritos forenses del tribunal, como declararon en el juicio que se desarrolló entre el 4 y el 11 del pasado octubre.

Ahora, con su fallo emitido ayer, también lo hace la sección primera de la Audiencia Provincial, que habla de unos hechos “graves, plurales y variados” llevados a cabo por “una persona dedicada a la docencia, y en concreto, a la formación de menores” que abusa de “un alumno sobre el que ostenta una posición dominante”, haciendo valer, además, su posición de “autoridad, superioridad y confianza” y provocando una “cosificación de la personalidad y las emociones” de la víctima. Todo, con “ánimo libidinoso”.

La Audiencia, por lo tanto, considera que son ciertos todos los abusos denunciados por Juan, incluso los episodios más graves, referentes a masturbaciones y penetración con un objeto -la Fiscalía, por contra, no estimó que estuvieran probados-. Por ello, además de los once años de cárcel, interpone “la inhabilitación absoluta por igual periodo, así como la prohibición de acercarse a Juan durante quince años y el abono de las costas procesales”. El letrado defensor del exprofesor de Gaztelueta, el pamplonés Eduardo Ruiz de Erentxun, anunció ayer que recurrirá la sentencia.

las palabras de juan “No apreciamos elementos que afecten a la credibilidad -del relato de Juan-”, recoge uno de los 70 folios de la sentencia. “A este tribunal explicó los mismos hechos coincidentes en los sustancial y, si bien apreciamos que le costaba mucho esfuerzo la descripción, percibimos que ello se debió a varios factores, que no impidieron que obtuviéramos la conclusión de la verosimilitud que ofrece su relato”, añade la resolución.

Los magistrados, en este sentido, rechazan uno de los ataques de la defensa: que el joven, que tenía 12 y 13 años cuando ocurrieron las vejaciones, entraba en contradicciones al narrar lo vivido. Así, entienden que “si la persona siente un profundo respeto y padece un grado de temor ante la autoridad e influencia que emana el preceptor y su consecuencia es la de un cerebro sumido en un escenario de confusión ante los sucesos que está viviendo forzosamente, no es extraño que la mente no se detenga a reparar en detalles accidentales y que en definitiva se muestre impreciso ante ellos o dude sobre los mismos”.

Por otro lado, los jueces reflejan en su escrito que no les produce “extrañeza la demora en la narración de la totalidad de los hechos, porque los ha contado cuando la psicoterapia empleada le ha ido permitiendo afrontarlos, porque se trata de vivencias traumáticas de gran impacto emocional y con una repercusión patológica innegable y grave”. Esta era otra de las cuestiones utilizadas por la defensa, así como la teoría del falso recuerdo, que la sentencia también descarta, a la par que defiende las pruebas efectuadas por las peritos, así como su diagnóstico de síndrome de estrés postraumático.

Por último, la resolución critica la investigación realizada por Gaztelueta, después de que los padres denunciaran en el centro el acoso escolar que sufría su hijo, que no fue, a su entender, “ni rigurosa, si seria ni transmite mínimos componentes de certidumbre”.