pamplona - El Plan de Vivienda de Navarra 2018-28 no descarta la intervención de la Administración pública en el mercado del alquiler, cuando éste no permite o facilita el acceso a una vivienda digna a una parte importante de la población. El objetivo es evitar que los precios se disparen y que el alquiler sea una vía que haga viable el acceso a la vivienda.
Laparra explicó ayer que esta intervención, no obstante, está debatiéndose en el Congreso de los Diputados. De la propuesta presentada por el grupo Podemos y las plataformas antidesahucios se deriva también la alternativa de trasladar a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos la posibilidad de intervenir para evitar que se disparen los precios de alquiler también en el mercado libre. Esta opción, precisaron fuentes del departamento, proviene de iniciativas ya aplicadas en otras ciudades como París e incluso Barcelona, donde se han establecido precios aproximados por metro cuadrado en función de las zonas y barrios en las que se encuentran los pisos a alquilar. Laparra precisó al respecto que la intervención en el precio del alquiler es una cuestión sobre la que de momentos se está debatiendo en Madrid.
vivienda vacía Una de las líneas de actuación previstas en el Plan de Vivienda 2018-2028 es movilizar la vivienda vacía hacia el alquiler permitiendo una localización diversificada. El departamento de Derechos Sociales elabora el Decreto foral que regulará las viviendas vacías. Los objetivos de este Decreto, al igual que los de la ley que desarrolla, son: “lograr que la vivienda vacía aflore al mercado del alquiler, que una parte importante del mismo pueda realizarse a través de la bolsa de vivienda y por tanto a precios asequibles, y avanzar en la garantía del derecho a la vivienda a toda la sociedad navarra”.
El borrador del Decreto foral ya está redactado y se encuentra en tramitación. Falta que sea informado por el Consejo de Navarra, como requisito previo a su aprobación. Los responsables de Vivienda apuntaron ayer que la aprobación podría efectuarse en un plazo de mes o mes y medio. Laparra señaló en su momento que “no se trata tanto de un instrumento punitivo, sino de respaldar una política de detección de vivienda vacía, para facilitar su destino al arrendamiento, así como la rehabilitación de la misma y que solo personas jurídicas que incumplan con ese deber, manteniendo vacío un piso más de dos años podrán ser sancionadas, y a las personas físicas se les incrementará la contribución urbana. - L.C.H.
