madrid - Penalizar a las agencias intermediarias en la gestación subrogada y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción son las principales líneas del informe interno con el que trabaja el PSOE para regular los vientres de alquiler. Se trata de un documento elaborado por un grupo de expertos del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE.

Según la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo, alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España “se penaliza el tráfico de personas”, por lo que calificó esta práctica como una forma de violencia machista y explotación reproductiva, y lo igualó a la venta de órganos, los matrimonios forzosos o la mutilación femenina.

cambiar los trámites de adopción El informe busca modificar el artículo 221 del Código Penal para penalizar la firma de contratos y la intermediación e insta a la redacción de un convenio internacional amparado por la ONU que prohiba estas prácticas, ya que en la actualidad no existe un marco legal común internacional. Como alternativa, apuesta por la modificación de los trámites para la adopción, con el fin de agilizarlos y facilitarlos, al incidir en que, según una sentencia del Tribunal Supremo de 2014, “la dignidad de las mujeres es un derecho fundamental que colisiona con el interés de los menores”.

En España, la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida considera nulos los contratos de este tipo de gestación, ya sea con o sin compensación económica, por lo que los padres que desean tener hijos por este sistema acuden a otros países, sobre todo Estados Unidos, aunque también Ucrania, Georgia, Rusia, Grecia o Vietnam.

No obstante, el Tribunal Supremo reconoce el derecho a percibir prestación por maternidad o paternidad en los nacimientos a través de este método, por el que llegan mil niños cada año a España, y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación. Además, desde 2010 una instrucción de la Dirección General de Registro y del Notariado permite inscribir a esos niños. - Efe