pamplona - El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, defendió la creación de una fundación para la gestión directa de varios servicios y aseguró que esta figura “aúna el control público, la agilidad y la adecuación a la naturaleza de las actuaciones”. Por contra, la oposición cuestionó esta iniciativa y la calificó de “chapuza”.

En una comisión parlamentaria, a petición del PSN, Laparra afirmó que “más allá” de los servicios que está previsto que asuma la fundación (los centros sociales de Estella y Tudela, los centros de observación y acogida y el centro de día para el cumplimiento de medidas judiciales de nueva creación), “no hay una política de publificación general del conjunto del sistema, ni se está pensando en eliminar la presencia de las entidades de iniciativa social en el sector”. Al respecto, agregó que “en esta legislatura las entidades sociales han visto desarrolladas sus funciones y recursos”.

En cuanto a los trabajadores que prestarán los servicios, garantizó que “el compromiso y la intención es que la dotación de personal para asumir estos servicios se haga a través de la subrogación del personal”, que atiende los servicios en la actualidad, un total de 127 trabajadores. Y señaló que “el compromiso también es mantener las condiciones laborales actuales de cada uno de los trabajadores”.

Además, afirmó que su departamento se ha comprometido con los representantes de los trabajadores a que en el primer año, una vez incorporado el conjunto de los servicios, se pasará a negociar un convenio colectivo que “tendrá que responder también al proceso de homogeneización de plazas y profesionales que ahora tienen condiciones laborales distintas”.

En este sentido, Laparra detalló que una vez constituido el patronato, se dará paso al nombramiento de la gerencia, algo que será “rápido”, y que entonces “entraremos en el detalle con cada una de las entidades de cómo, cuándo y de qué manera se va a hacer el traspaso de los servicios para hacerlo de la mejor manera posible”.

En cuanto al patronato, explicó que estará formado por 14 miembros, ocho titulares de distintas unidades administrativas del Gobierno y seis electos, tres elegidos por el Consejo Navarro de Bienestar Social y tres por la Cámara foral. Y respecto a la implicación presupuestaria, señaló que “hay que distinguir entre la dotación inicial, de 3.000 euros, con lo que serán los recursos previstos para su actuación ordinaria”.

En este sentido, agregó que “se cuenta con los recursos ya previstos para estos centros y que suponen un valor de 4,6 millones”, un incremento del 3,2% que, a su juicio, “está plenamente compensada con nuevos servicios”.

En el turno de los grupos parlamentarios, los representantes de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra defendieron la puesta en marcha de esta fundación.

Por su parte, los partidos de la oposición criticaron la iniciativa. Así, la socialista Nuria Medina afirmó no ver la “necesidad” de su creación y, por parte de UPN, Maribel García Malo pidió a Laparra que “pare esta chapuza” que “se va a montar sobre la base de una gran inseguridad jurídica y económica”. Por último, la parlamentaria del PPN, Ana Beltrán, también se mostró contraria a la creación de esta fundación y defendió la colaboración público-privada. - E.P.