Pamplona. El TSJN respalda al departamento de Educación en sus novedades en la licitación del transporte escolar, avalando así los nuevos pliegos que el Ejecutivo incorporó en la contratación para un servicio que utilizan diariamente 14.400 estudiantes y mueve 12,5 millones de euros. Ante los recursos de compañías de autobuses, que han durado año y medio, finalmente el TSJN ha declarado la legalidad del concurso. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) respalda la legalidad de la última licitación sobre el transporte escolar realizada por el Gobierno de Navarra, anulada el pasado año por el Tribunal de Contratos Públicos.

La oferta de contratos del Servicio de Transporte Escolar para el curso 2017-2018 fue recurrida en marzo de 2018 por diez empresas de autobuses. Estas compañías consideraban que el sistema de adjudicación por lotes (rutas) podía perjudicar la elección de las ofertas más ventajosas.

En aquel momento, el Tribunal de Contratos anuló la licitación, con el voto discrepante del presidente. No obstante, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, a 11 de octubre de 2018, rechazó esta anulación dejándola sin efecto. Por ello, la licitación sobre los contratos para el servicio del transporte escolar para el curso 2017-2018 está vigente y declarada dentro de la normativa.

El auto destaca, en esta ocasión, que no se personaron ninguna de las empresas que interpusieron la reclamación administrativa, "por lo que en este procedimiento judicial se da la circunstancia llamativa de que se discute la conformidad o no a Derecho de resolución administrativa sin que se haya personado nadie que defienda la legalidad de la misma".

VAIVENES LEGALES

El recurso que fue estimado en marzo por el Tribunal de Contratos y ahora anulado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo fue interpuesto por las empresas: Compañía Navarra de Autobuses, Automóviles del Río Alhama, Ativar, La Burundesa, La Estellesa, Autobuses la Estellesa, Autobuses Rio Irati, Autocares Albizua y Autobuses Pamplona Madrid.

Estas compañías aludían que Educación cometía infracciones que impedían adjudicar los contratos a la opción más ventajosa y que se favorecían practicas que distorsionaban la competencia.

Ante el dictamen del Tribunal de Contratos Públicos, Educación acudió a la vía penal, que ha acabado dando la razón al departamento y declarando legal el contrato público de transporte realizado por el Ejecutivo para el curso escolar 2017-2018 (auto del pasado octubre; sentencia firme 30 días después).

Anteriormente, en julio, también para el curso escolar 2017-2018, Educación había ofertado una primera licitación en la que, entre otros cambios, se habían rediseñado los lotes (las rutas escolares).

Esta primera licitación fue suspendida el mismo mes de julio y anulada por el Tribunal de Contratos Públicos de Navarra al comienzo del curso escolar, el 25 de septiembre, obligando así al diseño de la segunda oferta de contratos hoy avalada por el TSJN.