Atrapados en Ucrania por la gestación subrogada

Una pareja pamplonesa lleva un mes en kiev intentando inscribir a su hijo recién nacido para poder volver a navarra

09.02.2020 | 04:06
María del Mar e Íñigo posan con el cartel de protesta que han diseñado las familias atrapadas en Ucrania.
María del Mar e Íñigo posan con el cartel de protesta que han diseñado las familias atrapadas en Ucrania.

María del Mar e Iñigo llevan un mes en Kiev intentando inscribir a su hijo recién nacido para volver a Navarra.

La gestación subrogada -o vientres de alquiler, como se la conoce de manera coloquial- además de haber interrumpido en el debate político y social también está generando una serie de conflictos entre quienes lo ven como una mercantilización del cuerpo de la mujer, especialmente de las de clases bajas, y quienes abogan por regularizarlo en el Estado al entender que es una vía para que familias que pueden permitírselo materialicen su derecho a la paternidad. En cualquier caso, la realidad es que decenas de padres y madres acuden a países en los que esta práctica es legal para tener un bebé por gestación subrogada, un procedimiento que, además del costoso, se ha convertido en la pesadilla de Íñigo Sola y María del Mar Friebel, una pareja navarra atrapada en Ucrania desde hace más de un mes.

Hace unos años, esta joven pareja afincada en Pamplona decidió iniciar el proceso de adquirir un vientre de alquiler para tener un hijo. Tras valorar diferentes países, decidieron trasladarse a Kiev para visitar las clínicas y comprobar la situación en la que se encuentran las gestantes. "Valoramos la calidad y el precio de diferentes países y nos convenció Ucrania e iniciamos el proceso y estaba previsto el nacimiento de nuestro hijo a principios de marzo", explica Íñigo.

Sin embargo, cuando se encontraban preparando las maletas para viajar a Kiev ante el inminente alumbramiento de su hijo José, les sorprendió la noticia: El Gobierno central aprueba una instrucción de la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN). En esta medida, adoptada el 21 de febrero, se recoge expresamente que las solicitudes de filiación de menores nacidos con posterioridad a dicha instrucción "no serán estimadas salvo que exista una sentencia de las autoridades judiciales del país correspondiente". Es decir, un juez ucraniano es quien debe declarar que el bebé que esperan Íñigo y María del Mar es hijo de españoles.

"Nosotros vinimos sabiendo lo que había, pero teníamos claro que queríamos ver nacer a nuestro hijo y traerlo a Pamplona", señala este músico de profesión. Hasta ahora, el procedimiento se realizaba mediante la prueba de ADN para demostrar la filiación paterna y conseguir así un pasaporte español para el menor. Ahora, tan solo les quedan dos opciones: esperar a la sentencia de un juez ucraniano, una opción que se antoja "inviable"; o solicitar el pasaporte ucraniano del bebé para que pueda viajar a Pamplona, una opción que no gusta a la pareja. "No queremos esta opción, pero si no nos queda otra tendremos que solicitarlo, pero conseguir el pasaporte tarda alrededor de 3 meses", comenta Íñigo, que añade que, en ese caso, al volver a España tendrían que celebrar aquí el juicio de filiación, con la consiguiente demora de tiempo.

"No sabemos cuándo nos lo podrán dar y hasta entonces tendremos que permanecer aquí, la situación es de total incertidumbre", señala. La pareja no conoce de nadie que se haya echado para atrás al enterarse de esta problemática, pero en caso de que alguien se arrepienta, el bebé iría a un orfanato ucraniano, porque la gestante no se puede hacer cargo.

Íñigo y María del Mar llevan desde el 5 de marzo en Kiev y no saben cuando van a poder volver. "Yo soy músico y algún día tendré que volver a Pamplona. María del Mar es matrona y se ha cogido una excedencia de 3 meses y no sabemos si tendrá que alargarla", apunta. En su misma situación se encuentran unas 30 familias del Estado español y se estima que llega una al día, por lo que el número se puede incrementar en los próximos meses.

Lo que reclaman estas familias es que el Gobierno del PSOE derogue la instrucción al considerar que "es una medida electoralista que va en contra de la Constitución y de los Derechos Humanos". En segundo término, Íñigo explica que su exigencia es que, por lo menos, "se realice una moratoria para las personas que ya habíamos iniciado este proceso en el momento en el que se aprobó la instrucción".

inicio del proceso Íñigo y María del Mar decidieron adoptar después de que a ella le diagnosticaran hace cinco años una patología pulmonar catalogada dentro de las enfermedades raras. A los dos años, cuando los médicos le dijeron que la enfermedad estaba controlada, decidieron formar una familia y hablaron con una asistenta social para iniciar el proceso de adopción.

"Nos echaron para atrás por la enfermedad de María del Mar y a partir de ahí decidimos tener un hijo por gestación subrogada", recuerda Íñigo, que explica que valoraron otros países como Canadá o Estados Unidos, pero que al final se decantaron por Ucrania por la cercanía y por el coste más económico.