PAMPLONA. El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de hoy, la prorroga hasta 2023 del convenio de colaboración en materia de protección de la ciudadanía ante casos de desahucios y ejecuciones hipotecarias. El convenio será suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ejecutivo foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
Este convenio tiene como objeto establecer un protocolo de actuación ante casos de desahucios derivados de un procedimiento de ejecución hipotecaria o por falta de pago de la renta. En estos casos la autoridad judicial comunicará la situación a los departamentos competentes del Gobierno para que éstos lo trasladen al organismo competente y se incluya a las personas afectadas en los programas de mediación en materia de vivienda, concesión de ayudas de emergencia o acceso a vivienda social, gestionados por la Administración local.
La acuerdo aprobado hoy incluye la adenda para adaptar el convenio a los últimos cambios legislativos en materia de protección de datos personales y a la normativa al régimen de prórroga, naturaleza y régimen jurídico de los convenios. Establece además la prórroga por un periodo de 4 años adicionales, extendiéndose dicho plazo hasta el 22 de septiembre de 2023. El convenio prorrogado hoy fue aprobado por el Gobierno de Navarra el 29 de junio de 2016 y suscrito en septiembre de ese mismo año.
Desde la entrada en vigor del convenio en Navarra se han atendido un total un total de 65 casos de vulnerabilidad: 4 en 2017, 15 en 2018 y hasta la fecha, 46 casos en 2019. Cabe destacar que desde abril del 2019 también se revisan los casos por impagos en la renta de alquiler.
La adenda de modificación y prórroga al convenio se suscribirá por el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos Pablo Azcona.
