Carlos Gimeno: “Quien se quiera financiar con fondos públicos debe asumir la responsabilidad de escolarizar a todos”

El consejero defiende una educación equitativa, inclusiva y orientada a la excelencia, y aboga por establecer políticas de distribución equilibrada del alumnado desfavorecido

10.02.2020 | 03:56
Carlos Gimeno, consejero de Educación del Gobierno de Navarra.

El consejero defiende una educación equitativa, inclusiva y orientada a la excelencia, y aboga por políticas de distribución equilibrada del alumnado desfavorecido. "Vamos a ver si podemos alcanzar un pacto educativo"

pamplona - Ha sido orientador en muchos centros escolares y ahora le toca dirigir a la educación navarra en mayúsculas. ¿Hacia dónde le gustaría encaminarla?

-La educación se debe basar en la equidad, es un valor fundamental para una educación como la navarra, tan plural y diversa, pero sin perder de vista la orientación hacia la excelencia. Apuesto por un sistema educativo estable basado en la equidad y la igualdad de oportunidades, encaminado hacia la excelencia y que incorpore valores como la coeducación y la inclusión.

La educación navarra es una alumna con buenos resultados académicos, pero también es compleja y tiende a la polémica. No parece tarea fácil. ¿Cómo afronta este reto?

-Fácil no es pero afronto el reto con la mayor ilusión y respeto. Para mí es un verdadero honor. La educación es una tarea delicada y hay que ser fino en los análisis, juicios y actuaciones.

Este Gobierno ha hecho una apuesta clara por la educación. La presidenta se comprometió a aumentar la inversión y trabajar en un pacto social y político por la educación.

-Es una apuesta diáfana del Gobierno y de la presidenta. La educación navarra necesita estabilidad normativa, es necesario que todo se percibido como justo por quien gobierna y por quienes son gobernados teniendo en cuenta la pluralidad de Navarra, sobre todo, en el ámbito de proyectos lingüísticos. En el acuerdo se recoge la necesidad de definir un pacto social, más allá del ámbito sindical. Es un tema que deberían iniciar en el Parlamento los grupos que sustentan al Gobierno e imagino que la oposición no tendrá problema en dialogar. Vamos a ver si en Navarra, donde hemos sido capaces de consensuar entre distintos grupos políticos, podemos alcanzar un pacto educativo.

Es consejero de un Gobierno en el que están PSN y Geroa Bai, partidos con puntos de vista distintos en algunos temas educativos. Usted fue el azote de la anterior consejera María Solana y ahora viajan en el mismo barco. Resulta llamativo...

-De inicio no veo ningún problema. Hemos dialogado y consensuado un acuerdo, y mi trabajo es sacar adelante lo que se ha acordado entre los partidos que han apoyado al Gobierno. Esa es mi misión. Me siento cómodo e identificado en ese acuerdo más allá de que en otros momentos haya habido posicionamientos contrarios.

El acuerdo dice que se reducirán las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente y se estudiará reducir conciertos en la etapa postobligatoria. ¿Qué papel concede a la red concertada?

-Queremos revisar los conciertos, ya que no se pueden perpetuar sin revisión. Los centros sostenidos con fondos públicos tienen que tener los mismos derechos pero también las mismas obligaciones. Y para este Gobierno va a ser fundamental distribuir al alumnado de forma equilibrada y reducir la tasa de concentración de alumnado desfavorecido en determinados centros públicos. Si los centros públicos deben ser reflejo de la sociedad, los centros de titularidad privada que tienen un concierto, también deben serlo. Los centros en Navarra no pueden ser tan diferentes en base al alumnado que escolarizan ni tan desvinculados del contexto. A los centros ya les hemos trasladado que a la hora de determinar los conciertos vamos a ver si los planes pedagógicos del departamento, como por ejemplo, Skolae, se llevan a cabo, y si están arrimando el hombre a la hora de asumir la responsabilidad social de escolarizar a todos. Este Gobierno cree que los conciertos son la mejor forma de conjugar la libertad personal, que la derecha llama libertad de elección de centro, con el bien común. La equidad y la excelencia no deben ser contrarias sino complementarias. Al sistema educativo público no le sobra nadie pero quien se quiera financiar con fondos públicos deberá asumir la obligación de escolarizar a todos.

¿Cómo plantea esta distribución equilibrada del alumnado?

-En primer lugar cumpliendo la ley. Hay una orden foral de 2008 que dice que hay que reservar dos plazas de las 25 en el periodo ordinario para alumnado desfavorecido y hay un decreto foral de 2017 que dice que en los centros donde haya necesidad la Administración pueda disponer de un 10%. En todo caso para el Gobierno es muy importante que todos los periodos de matrícula ponderen igual (ahora pondera más el ordinario). Si hay que reservar una serie de plazas que no se haga sólo en el plazo ordinario sino también en el extraordinario o de fuera de plazo. ¿Usted no ha completado las plazas para alumnado desfavorecido que le corresponde por ley? Pues se las completamos. La Administración debe moldear porque sino se genera una red paralela a la pública que no asume las mismas obligaciones. 39 de los 43 centros navarros que tienen más de un 40% de escolares desfavorecidos son públicos, y los siete centros que tienen más del 70% de alumnado desfavorecido son públicos. El concepto de libertad de elección de centro no es ilimitado, está reconocido por la Constitución, pero la Administración debe moldear y evitar que se creen guetos.

Deduzco que modificarán el proceso de escolarización.

-Sí, no sé si nos va a dar tiempo para el próximo curso ya que si no tenemos la seguridad jurídica suficiente no se hará, pero es un propósito claro. Se ha informado a las direcciones, a la patronal, lo estoy haciendo en esta entrevista... Nos vamos a alejar de políticas como las de Madrid o Andalucía y vamos a intentar establecer unas políticas de distribución equilibrada y de reducción de tasas de concentración del alumnado desfavorecido para que todo el mundo asuma que la libertad personal puede ser compatible con el bienestar común.

Imagino que es consciente de que es un tema que generará revuelo.

-Es un tema delicado porque los estudios dicen que las familias socialmente desfavorecidas tienen menos información y dedican menos tiempo a la elección de centro. Además, en colegios concertados existen las donaciones (tasas) que, aunque no son obligatorias, incrementan costes y alejan a algunas familias. Este aspecto hay que controlar. Hay CCAA, como Aragón, que lo han hecho no sin polémicas, no sin recursos, pero no puede ser que unos centros arrimen el hombro y escolaricen a todo el mundo, y otros no. La Administración tiene la obligación de establecer las plazas educativas, y revisar conciertos para ver cuales son necesarios y cuáles no.

El Plan de Atención a la Diversidad contempla dar más recursos a los centros con más de un 40% de alumnado desfavorecido. ¿Mantendrá esta idea?

-Si no se puede reducir la tasa de concentración del alumnado al menos hay que intentar que los centros tengan más recursos, que haya más desdobles, que tengan un tratamiento diferenciado... De todas formas antes de diseñar un plan de atención a la diversidad creo que es necesario tener un mapa de educación inclusiva que determine dónde hay más necesidades, cuáles son más urgentes...

A finales de 2018 se firmó el acuerdo para la mejora de la enseñanza pública. ¿Ve factible cumplirlo?

-Lo primero que nos hemos encontrado es que había que hacer una contratación masiva. Inspección determinó las necesidades en base a los criterios del pacto (desdobles, reducción de horas de docencia directa...) y se han contratado a 781 docentes. Este Gobierno ha salido en tromba y ha asumido y financiado un pacto para el que hemos tenido que pedir 6,7 millones. Se ha reforzado la función docente y se ha mejorado la calidad del profesorado, lo que redunda en la calidad de la enseñanza pública. Se han hecho 3.448 contratos: 2.047 en Infantil y Primaria y 1.401 de Secundaria y FP.

Varios sindicatos han criticado que no se haya pagado los meses del verano a interinos tal y como recogía el pacto. ¿Recibirán el dinero?

-Hay 2,6 millones reservados, pero nos hemos encontrado con dificultades técnicas, administrativas y jurídicas. De momento vamos a pagar las vacaciones, que supone 1,5 millones, y la voluntad política es abonar también los meses de verano, pero no sabemos cuánto vamos a tardar.

La creación de una dirección general de FP demuestra una apuesta clara por estos estudios. ¿Qué objetivos plantean?

-Entre los objetivos figura un programa de implantación y desarrollo de la FP Dual en Navarra, potenciar los centros de referencia nacional (Energía Renovables y Sanidad) y planificar la oferta por zonas geográficas con especial atención a los centros ubicados en zonas rurales, y ofreciendo más ciclos de grado medio en la Ribera.

¿Es posible un ciclo 0-3 gratuito?

-Es difícil, pero mi deseo, que habría que negociar porque no está en el pacto, es conseguir que al menos un tramo, el 2-3 años, lo sea.

pamplona - ¿Entiende que haya centros y familias que rechacen el plan de coeducación Skolae?

-Formar en igualdad es una responsabilidad compartida entre las familias, la escuela y la Administración, que no tiene nada que ver con la educación moral y religiosa. Nunca se va contra eso, se respeta, es más, hoy en día se garantiza constitucionalmente. Además entiendo que cualquier concepción moral tiene que estar basada en la igualdad. El compromiso del departamento es que la coeducación sea longitudinal a lo largo de todo el itinerario educativo e implementar el plan Skolae en todos los centros financiados con fondos públicos. Este consejero va a cumplir el acuerdo y va a ser un programa fundamental en la educación navarra.

Formar en coeducación y separar a los escolares por sexo, como ocurre en algunos colegios, resulta cuanto menos chocante.

-Desde luego colegios donde sólo hay chicos o sólo chicas dificulta enormemente las políticas de coeducación, pero legalmente no se pueden eliminar esos conciertos.

El gobierno anterior aprobó una norma que flexibiliza el número de horas que se imparten en inglés en el PAI. Usted fue muy crítico, ¿tiene previsto cambiarla?

-Sí. En la anterior legislatura primero se aprobó esa norma, que en mi opinión iba dirigida a reducir la calidad del programa, y después se hizo la evaluación. Creo hubiera sido más razonable hacerlo al revés. Nosotros vamos a hacer una norma que se ajuste a la evaluación y a la demanda. En la actual norma no se contemplan los recortes que hubo en el sistema educativo porque la atención a la diversidad no entra. Y obviamente el PAI no puede ser una autopista para unos, y un carril bici para otros. Queremos hacer una nueva normativa que defina una estructura curricular y la cualificación del profesorado, que incorpore la salida o la entrada al programa, que determine las plantillas y cómo se va a organizar la docencia...

La legislación estatal impide sacar plazas con perfil de inglés por lo que el profesorado del PAI es interino y eso genera inestabilidad. ¿Ha hablado con la ministra?

-Navarra necesita poder sacar una OPE que contemple plazas para un programa de aprendizaje en inglés, pero para eso hay que modificar un real decreto. En la reunión con la ministra le trasladé esta necesidad y me comentó que mientras no haya una ley orgánica de educación que sea desarrollada por reales decretos no se puede hacer nada.

¿Puede garantizar que habrá OPE de Secundaria en 2020?

-Sí, creo que sí. Nuestra voluntad es convocarla pero estamos haciendo un análisis de las plazas con mucho rigor y queremos que los criterios que se usen sean técnicos. Hay para convocar 712 plazas de Secundaria, que vienen de las tasas de estabilización y de reposición, 26 de Primaria, pero tenemos también otras 240 plazas que no se han cubierto en la última oferta pública de empleo.

En los últimos años se han abierto varias líneas de modelo D en la zona no vascófona. ¿Cree que esta cuestión puede generar problemas entre los socios de gobierno?

-Creo que no. Reivindico el papel del PSN y el mío propio en la superación de la zonificación del euskera en educación. Cuando se reformó la Ley del Euskera en 2015, el PSN tenía 9 parlamentarios y yo era el secretario ejecutivo de educación. Mi informe fue relevante. No conozco iniciativa legislativa que supere a esa con respecto a asegurar derechos lingüísticos de la ciudadanía navarra. El Gobierno tiene la obligación de planificar el euskera en la zona no vascófona. El anterior ejecutivo se basó en una orden foral de 2016 que utilizó criterios del pacto 2007-2011. Y nosotros también.

¿Cuál es ese el criterio?

-Que haya 8 alumnos o más. Hay que tener en cuenta que en la zona no vascófona hay muchos centros con una alta tasa de alumnado desfavorecido por lo que abrir una unidad con menos de 8 alumnos cuando al lado hay un aula multigrado con un alto porcentaje escolares desfavorecido es un agravio. Además entendemos que los derechos lingüísticos están garantizados ya que el anterior ejecutivo nombró centros de referencia de modelo D en varios lugares. Por tanto usando el principio de la sectorización, que permite trasladar los recursos cuando hay diversidad geográfica con la mayor calidad posible, y abundando en eso, este Gobierno, siempre y cuando tengamos recursos económicos, quiere aprobar un plan de cooperación territorial en la escuela rural para garantizar los derechos lingüísticos y la igualdad de oportunidades. - M. Olazarán