SEVILLA. La juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeriosis producido este verano, ha decretado este jueves la entrada en prisión provisional sin fianza del gerente de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y de su hijo y administrador único, Sandro Marín Rodríguez.
Asimismo, ha dejado en libertad provisional a Mario Marín Rodríguez, hijo del gerente de la empresa Magrudis, con la obligación de comparecer en el Juzgado los días 11 y 25 de cada mes.
El también hermano del administrador único de Magrudis --empresa que comercializó la carne mechada 'La Mechá', que ha dado positivo por listeria-- es propietario de otra empresa domiciliada en una "nave contigua" a la citada compañía y que no cuenta con registro sanitario, según ha denunciado este martes la organización de consumidores Facua, personada en la causa judicial.
Los tres detenidos, que se encontraban bajo custodia de la Guardia Civil, han pasado este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, organismo judicial que ha iniciado una investigación para esclarecer si hay responsabilidad penal ante la alerta sanitaria por listeriosis, que ha afectado a más de 200 personas y ha provocado tres fallecimientos, para prestar declaración.
En torno a las 14,00 horas ha entrado en sede judicial Mario Marín, hermano del administrador único de Magrudis, y una vez ha culminado su declaración ante la juez, sobre las 14,25 horas, ha comparecido su hermano Sandro Marín, mientras que el padre de ambos y propietario de Magrudis, José Antonio Marín, lo ha hecho en torno a las 15,10 horas.
Pasadas las 16,00 horas, la juez instructora llamó a este y a su hijo Sandro para una comparecencia en la que les comunicó su decisión de mandarlos a prisión. En las declaraciones, los tres detenidos sólo han respondido las preguntas de la juez y de su abogado, negándose a contestar las preguntas de Fiscalía y del abogado de la acusación particular que ejerce Facua.
Según han indicado a Europa Press fuentes del caso, la Fiscalía les atribuye a José Antonio y a Sandro la presunta comisión de un delito contra la salud pública, tres delitos de homicidio por imprudencia grave, dos delitos de aborto y varios delitos de lesiones por imprudencia grave. En esta línea, señala que la imprudencia grave se debe por el "incumplimiento reiterado" desde febrero de las pautas mínimas sanitarias del procesado de la carne y por la "falta de control". En ese aspecto, los detenidos han señalado que "no sabían" que tenían el "deber de informar" si pasaban los controles sanitarios.
Igualmente, y según las mismas fuentes, Sandro Marín ha indicado que fue él quien llevó la muestra el pasado mes de febrero al laboratorio Microal que detectó la listeria en ella, así como que "no se acuerda si tiró a la basura" el lote contaminado.
Efectivos de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) detuvieron el pasado martes a estas tres personas junto a otros dos responsables de Magrudis tras el precinto y el registro de la nave industrial de esta sociedad comercial por orden del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. Posteriormente, fuentes del Instituto Armado indicaron a Europa Press, que a última hora de la tarde de este pasado martes, se dejó en libertad a estos otros dos detenidos en libertad.
La detención de estas cinco personas se produjo una vez culminados los registros de esta nave industrial, ubicada en el Polígono Industrial El Pino de Sevilla, así como de dos viviendas --una de José Antonio Marín y otra de un familiar-- situadas en Dos Hermanas.
"TENÍAN CONOCIMIENTO DE QUE PODÍAN DAÑAR AL CONSUMIDOR"
En el auto donde acuerda el ingreso en prisión de estos dos detenidos, facilitado por el Tribunal Superior Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, la magistrada recuerda que la causa fue incoada en virtud de un atestado de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil en el marco de una investigación por "una serie de actividades ilícitas que podrían estar llevando a cabo los integrantes de una trama organizada y que pondrían en la cadena comercial de alimentos para personas carne procesada con presencia de 'listeria monocytogenes' en concentraciones que la harían inadecuada para consumo humano, debido a una mala praxis en la manipulación y transformación de los productos cárnicos que ha provocado una intoxicación masiva con resultado de muertes, lesiones a fetos con resultados de abortos y lesiones a lo largo de todo el territorio nacional y especialmente en Andalucía".
Según expone la juez, los dos investigados que han ingresado en prisión "tenían conocimiento de que, al menos desde diciembre de 2018, la bacteria estaba en sus instalaciones", pues un análisis realizado por una empresa les advirtió en febrero de 2019 de la presencia de listeria en un lote de carne mechada casera etiquetado el 20 de diciembre de 2018, pero "no consta que ello fuera comunicado a la autoridad sanitaria ni que la entidad adoptara medida alguna, de hecho no fue ni comunicado a los trabajadores, ni se adoptó medida alguna para prevenir".
De este modo, "el producto nocivo para la salud de las personas fue puesto en el mercado, perdiéndose el dominio sobre el riesgo creado", lo que "implica que, si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y de la probabilidad de que el producto, una vez en el mercado, podía causar daños en la salud de los consumidores, como así ha ocurrido, eludiendo todas las obligaciones que le impone la ley para que los productos alimenticios cumplan los criterios biológicos pertinentes".
Asimismo, la juez señala que, por el momento, las consecuencias del brote de listeriosis en la provincia de Sevilla son tres fallecidos, dos abortos, 65 personas ingresadas, de ellas 17 embarazadas de las cuales tres han sufrido partos prematuros, además de once personas intoxicadas que no han requerido ingreso, "estándose a la espera del resultado y de averiguar cuantas personas han sido infectadas y han sufrido listeriosis fuera de la provincia de Sevilla".
En este punto, cifra en unos 800.000 euros los gastos que ello ha generado en la sanidad pública, al menos los gastos ocasionados por los servicios prestados por los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla capital.
La juez ha ordenado el ingreso en prisión de dos de los detenidos al entender que existe riesgo de fuga "dada la gravedad de los hechos que se les imputan y la pena que pudiera imponérseles", por lo que adopta dicha medida cautelar para así asegurar su presencia en el proceso y evitar la fuga e igualmente evitar la reiteración de hechos similares.
Y es que, como ha indicado la Fiscalía, "con conocimiento al menos desde febrero de 2019 de la presencia de la bacteria en las instalaciones de la empresa Magrudis, continuaron fabricando y comercializando productos, siendo conscientes de que algo fallaba en el proceso productivo, y si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y contando con esa probabilidad la aceptaron y pusieron el producto en el mercado, provocando una gran alarma social y crisis sanitaria".
"INCUMPLIMIENTO REITERADO"
Según han indicado a Europa Press fuentes del caso, la Fiscalía señala que la imprudencia grave en los delitos que se les atribuyen se debe por el "incumplimiento reiterado" desde febrero de las pautas mínimas sanitarias del procesado de la carne y por la "falta de control". En ese aspecto, los detenidos han señalado que "no sabían" que tenían el "deber de informar" si pasaban los controles sanitarios.
Igualmente, y según las mismas fuentes, Sandro Marín ha indicado que fue él quien llevó la muestra el pasado mes de febrero al laboratorio Microal que detectó la listeria en ella, así como que "no se acuerda si tiró a la basura" el lote contaminado.
DETENCIONES
Efectivos de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) detuvieron el pasado martes a estas tres personas junto a otros dos responsables de Magrudis tras el precinto y el registro de la nave industrial de esta sociedad comercial por orden del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. Posteriormente, fuentes del Instituto Armado indicaron a Europa Press, que a última hora de la tarde de este pasado martes, se dejó en libertad a estos otros dos detenidos en libertad.
La detención de estas cinco personas se produjo una vez culminados los registros de esta nave industrial, ubicada en el Polígono Industrial El Pino de Sevilla, así como de dos viviendas --una de José Antonio Marín y otra de un familiar-- situadas en Dos Hermanas.
