pamplona - La sentencia sobre el decreto del euskera ha caído como una bomba en la política navarra. El alcance de la resolución judicial y las imprevisibles derivadas sobre el día a día de la administración foral -en especial lo que pueda pasar con los opositores desde 2017- abrió ayer varias brechas: entre la derecha y las fuerzas progresistas; pero también entre los propios socios de Gobierno, con el PSN aplaudiendo la sentencia y Geroa Bai, Podemos e I-E rechazándola de plano por considerarla un despropósito. Con ese panorama, se entiende que el Ejecutivo optase por un apagón informativo que le permitiese ganar tiempo y estudiar a fondo la sentencia, para evitar meteduras de pata y precipitaciones que puedan afectar a un recurso de casación ante el Supremo que todavía no se sabe si se va a activar, ni qué derivadas puede abrir.

Javier Remírez, vicepresidente del Gobierno y titular de Interior, Función Pública, Igualdad y Presidencia, prefirió guardar un cauteloso silencio cuando fue preguntado nada más salir de la mesa de la Función Pública. Con la sentencia todavía caliente, Remírez prefirió no posicionarse y esperar a que se produzca “una segunda sentencia” al respecto presentada por Afapna. Es, realmente, mucho tiempo: se prevé que el juicio de Afapna -que abordará un recurso muy similar al de UGT- se celebre el 7 de octubre, y la sentencia no llegaría antes de dos semanas después de esa fecha. El Gobierno tendrá que posicionarse mucho antes, pero quizá en los próximos días ya tenga la versión de los hechos mucho más clara, después de que la noticia les dejase ayer fuera de juego. Remírez, de hecho, sólo hizo un apunte más allá del silencio: “Actuaremos con rigor y profesionalidad antes de tomar decisiones (...) la política lingüística está recogida en el acuerdo programático y la voluntad es buscar el mayor consenso social, político y sindical”. Tampoco fue mucho más allá la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo. Titular del departamento del que depende Euskarabidea, la legislatura pasada fue una de las protagonistas de la redacción del decreto y el fallo le pilló a punto de comenzar una entrevista en directo con Euskalerria Irratia que fue cancelada y sustituída por unas apresuradas declaraciones. Tal y como recogía el periódico Naiz.eus, Ollo criticó la lectura “restrictiva” del TSJN, que desanda el camino que inclusó UPN recorrió hace años en materia de derechos de euskera, y lamentaba que la sentencia “pone en cuestión lo que el decreto garantiza, que es el derecho de la ciudadanía a comunicarse en euskera con la Administración”, al tiempo que supone “un retroceso en la convivencia en Navarra”. No quiso entrar a si el Gobierno va a recurrir, y mantuvo la misma cautela que el vicepresidente. Pero ella se mostró favorable, también a hacer un “análisis más profundo de la sentencia” antes de tomar cualquier decisión.

discrepancias Todo el ruido que no metió el Gobierno lo hicieron sus socios en el Parlamento, los partidos políticos que desde agosto sustentan a Chivite en la presidencia. El paso de los días y el desarrollo de los acontecimientos demostrará si se va a más, pero las declaraciones de ayer dejan a unos socios partidos por la resolución del decreto: mientras que el PSN la aplaudió efusivamente, con el portavoz Ramón Alzórriz celebrando que las tesis del TSJN son similares a las que ya sostuvo su partido cuando se puso en marcha el decreto, Geroa Bai, Podemos e I-E rechazaban de plano el fallo. Con distinta intensidad, pero con el denominador común de no entender que el inglés, el fracés o el alemán puntúen y el euskera no. Mientras Alzórriz constataba cómo el decreto “vulneraba la igualdad de oportunidades en el acceso a la Función Pública”, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, aseguraba no compartir la sentencia por considerar que “empobrece Navarra”. “Desde el respeto, no nos puede satisfacer la lectura restrictiva de lo que la ley marca en estos momentos”, consideró Barkos. A su juicio, el fallo deja “en una situación anómala” a Navarra, “donde un concurso oposición puede puntuar como mérito el inglés, el francés o el alemán”, algo “positivo a su entender”, “pero no puede puntuar el euskera”, por lo que “asumir directamente esta sentencia evidentemente empobrece a Navarra”, ya que de alguna manera la sentencia “cuestiona si el euskera es lengua propia de Navarra”. Una frase que ya da a entender que Geroa Bai pensaría en explorar la posibilidad de un recurso de casación ante el Supremo, algo por lo que Geroa Bai quiere preguntar al Gobierno. Mientras tanto, la luz de la sentencia puede ser un buen punto de partida para realizar “una reflexión política que nos lleve a la necesidad de que, siempre desde el respeto a la igualdad de oportunidades, el euskera sea lengua propia, no oficial en todo el territorio”.

Tampoco comparte la sentencia Podemos, que a través de un comunicado de Ainhoa Aznárez, parlamentaria de la formación, tildaba de “ridículo que se puedan valorar idiomas como el inglés y el alemán y se excluya una de las mayores riquezas de nuestro patrimonio cultural”. Además, recordó algo que ocurrió la legislatura anterior: 44 municipios de la zona mixta solicitaron, mediante acuero de sus plenos consistoriales, la incorporación a la zona mixta. I-E también preguntará al Gobierno sobre las consecuencias de una sentencia que, si por Marisa de Simón fuera, se recurriría. “Apoyaríamos recurrir, personarnos en contra de la iniciativa de la UGT”, aclaro la parlamentaria de la coalición de izquierdas, quien considera que “el recurso plantea que el euskera no sea obligatorio como mérito, pero es que el propio decreto ya contempla la posibilidad de que esto sea así. Y si es mérito el inglés, el restó también, por lógica”, razona, quien asegura que sigue apoyando el decreto “tal y como está”, porque el decreto permite “diferentes valoraciones para cada concurso y oposición”. Por lo tanto, la mayoría de los socios del PSN apuntan en una dirección que va a la contra de la que ayer expresó el portavoz socialista.

la oposición Y en la oposición, dos posturas contrapuestas: la celebración de Navarra Suma, y la desazón de EH Bildu, que ve “terrible” la sentencia. Marta Álvarez, parlamentaria de la coalición de derechas formada por UPN, PP y Ciudadanos, celebraba el “claro varapalo” que supone la sentencia a “la política lingüística” del anterior gobierno, con un decreto que “rompía la igualdad de oportunidades de los ciudadanos”, tesis que aseguró que ha sostenido UPN y que ahora “respaldan los tribunales”. “La sentencia lo que hace es corregir esa imposición del Gobierno, para considerar que la normativa anterior -la de UPN de 2003- ya valoraba como mérito el euskera, pero no lo imponía”. Por último, pidió que la sentencia se “acate y cumpla” de inmediato.

Todo lo contrario para EH Bildu, que ve “terrible” el fallo, que valora “el inglés o el alemán como mérito pero no una lengua propia como el euskera”. A juicio de Bakartxo Ruiz, portavoz del partido soberanista, es urgente una “modificación de la ley del Euskera” ya que “está visto que vía decreto, tal y como algunas fuerzas han venido defendiendo, es imposible dar más pasos para avanzar en derechos lingüísticos”. EH Bildu, en un comunicado por la tarde, también preguntaba al Gobierno si “tiene intención de recurrir” la sentencia, así como de “garantizar los derechos lingüísticos de los navarros”.