Chivite y Barkos comparten que la sentencia invalida la política lingüística de los últimos 20 años

La presidenta del Gobierno reitera la necesidad de estudiar las consecuencias de la sentencia

Para la portavoz de Geroa Bai el TSJN “avala” gran parte del decreto, pero provoca un “vacío legal”

10.02.2020 | 05:42
María Chivite.

pamplona - Pleno del Parlamento, momento inexcusable para testar la opinión de la presidenta del Gobierno foral sobre las sentencias contra el euskera del TSJN. El Ejecutivo va a estudiar "técnicamente" qué supone la aplicación de la sentencia que anula parte del decreto del uso del euskera en las Administraciones públicas y valorar si "presentar recurso o no", cuestión "no menor ni tan sencilla", según María Chivite, dados los factores en liza. "Tenemos encima de la mesa concursos-oposiciones vigentes y más de mil personas podrían verse afectadas", dijo Chivite, así que "el Gobierno tiene que garantizar plena garantía jurídica en cada uno de los procedimientos", y "estudiar profundamente todas las consecuencias". La presidenta fue más lejos que su portavoz y vicepresidente primero Javier Remírez, al asumir que la sentencia "no solo es que invalide determinados artículos del decreto de la legislatura pasada; es que está invalidando toda la política lingüística de los últimos 20 años". En este punto coincidió con Uxue Barkos, que compareció minutos después en el atrio del Parlamento. Chivite añadió que el pronunciamiento del TSJN "pone en cuestión si el mérito del euskera se puede valorar o no y eso se ha estado haciendo en decretos anteriores en la zona mixta", y también "podría poner en cuestión la valoración de mérito de otros idiomas incluso", algo en lo que también coincidió con Barkos. Chivite insistió así en que es "pronto" para tomar una decisión sobre si recurrir o no hasta que "esté el tema bien atado técnicamente". "Hay que dar plena garantía jurídica a cada uno de los procedimientos y tenemos un mes para hacerlo", aseveró, a expensas de un concurso-oposición "que podría afectar a entre 1.500 o 2.000 personas y al que tenemos que darle garantía jurídica" porque "cualquier decisión errónea que podamos tomar, si no lo estudiamos bien técnicamente, podría suponer una avalancha de recursos".

La jefa del Ejecutivo expuso que "si algo dice la sentencia es que hace falta una seguridad normativa; a lo mejor, que yo no sé, eso tiene que pasar por la Ley Foral del Euskera, que es la base de toda la política que se ha hecho en esta materia, pero está claro que un nuevo decreto habría que hacer".

Preguntada por discrepancias en este tema entre los socios de Gobierno, reconoció lo "evidente", que en materia de política lingüística Geroa Bai y PSN hemos discrepado". "Pero ahora estamos en el momento de estudiar técnicamente y tomar una decisión", concluyó.

Por su parte la portavoz de Geroa Bai en el Parlamento foral, Uxue Barkos, se refirió a la necesidad de "encontrarse en el lugar en el que en estos momentos la sentencia pone a la administración navarra". Barkos afirmó con tono sereno que el TSJN "cuestiona el procedimiento que la Administración ha utilizado en los últimos 20 años en el concurso oposición" y "se tumbarían todos los procedimientos llevados a cabo desde 2003", por lo que se mostró partidaria de presentar un recurso de casación. "Un planteamiento que no comparte el PSN", reconoció la portavoz, así que de momento, el consenso estriba en "la necesidad de buscar de una manera rápida y eficaz seguridad jurídica".

"UN RETROCESo" Subrayó Barkos que la sentencia del TSJN "avala el 80 por ciento del decreto del euskera" elaborado por su Gobierno, así como "todo el plan lingüístico del euskera en la administración" llevado a cabo por el anterior Ejecutivo. No obstante, criticó que la sentencia "cuestiona la circunstancia específica de la zona mixta con respecto a la zona no vascófona, y por lo tanto entendemos que hay un retroceso en lo que la propia Ley del Euskera supone". Además, indicó que "cuestiona de facto la capacidad de la Administración para catalogar y evaluar el mérito en un concurso oposición". Por lo que "quedan vulnerados los derechos de una parte de la población desde el momento en que no cuestiona la validez de otras lenguas, como el inglés, francés o alemán, a la hora de ser reconocidas como mérito en un concurso oposición; y sin embargo no puede ser admitido el mérito de euskera". En su opinión, el fallo "deja en un vacío legal algunos procedimientos que estaban ya en marcha derivados de las OPE de 2018", así que Geroa Bai propone estudiar "de qué manera atendemos con seguridad jurídica la situación de esas personas" ante una sentencia que "no tiene en cuenta derechos de navarros y navarras que también lo son". Barkos apuntó asimismo a "modificaciones normativas" para "superar" esta situación, reiterando que con el pronunciamiento del TSJN en la mano "todos los decretos y procedimientos redactados por Gobiernos de UPN en esta materia quedarían invalidados".