UGT avisa al Gobierno que el recurso “no tiene ninguna posibilidad de prosperar”

El citado decreto, que ha estado en vigor desde finales de 2017, ha regido los méritos de tres OPE y habría afectado a unas 1.500 plazas en procesos ya finalizados, algo que en UGT no tienen todavía muy claro si entrarán a revisar de forma general. “Se valorará si insta o no la revisión de dichos procesos”, explicaron, aunque sí que se ponen “a disposición de los interesados que se consideren perjudicados y quieran reclamar”. Por su parte, el SPA se coloca en una posición más frontal y exige esa revisión, a la vez que pide de la mano de sus socios que en los procesos en curso, que se continúan ajustando al decreto hasta que la sentencia sea firme, prosigan su desarrollo normal pero “no aplicando los preceptos anulados por el TSJN”.

dureza contra el cuatripartito Tanto desde UGT, de mano de Jesús Elizalde, responsable de Administración Autonómica; como desde el SPA, representado por Begoña de Frutos, se mostraron muy duros con el anterior Gobierno del cuatripartito encabezado por Uxue Barkos.

Elizalde explicó que en su momento recordaron al Ejecutivo “reiteradamente que el recurso estaba pendiente”, algo que “obligaba a ser cautos” al aplicar los criterios del decreto. “Miraron para otro lado y ahora toca apechugar con las consecuencias”, denunció, avisando que tras la decisión “el Gobierno debe ser extremadamente cauto a la hora de establecer perfiles lingüísticos así como a la hora de fijar los baremos del mérito a aplicar”.

“El decreto tenía una fuerte carga ideológica y los baremos eran desproporcionados y con ello discriminatorios”, consideran desde UGT, justo antes de decir que desde el sindicato han estado siempre “por el fomento y la protección del euskera como lengua propia de Navarra”. Como ejemplo, Elizalde puso dos modelos lingüísticos propuestos por ellos como “realizar el ingreso en la Administración en condiciones de igualdad y posteriormente facilitar la formación a quienes hubieran obtenido plaza” o que los funcionarios formados en euskaltegis con nivel B2 cubrieran las necesidades comunicativas en esa lengua, medidas que no asegurarían el derecho de los navarros a ser atendidos en euskera en su totalidad.

Más dura todavía fue De Frutos criticando al anterior Gobierno, que “no contento con no ser prudente con un decreto recurrido puso la directa, modificó el perfil de todas las plazas que pudo y convocó todo lo convocable”, algo por lo que ahora “debe dar cuenta de cuántas personas han visto modificadas sus posiciones, tanto para mejorar como para empeorar en todas estas convocatorias, y cuántas plazas tienen que volver a su origen”.

un recurso más allá del mérito El recurso contra el decreto que reformaba la Ley del Euskera no solo afecta a los méritos en los concursos-oposiciones, sino también a las notificaciones, impresos oficiales, rotulaciones, folletos, publicaciones, señalización viaria y uniformes bilingües. Un tema que sacó a colación De Frutos, pidiendo al Ejecutivo macrocálculos sobre “cuánto ha costado la rotulación y la papelería que ahora van a pagar todos los navarros”, y que se le vino en contra cuando se le preguntó sobre por qué estaban los sindicatos en contra de los rótulos bilingües y de las comunicaciones del Gobierno a los ciudadanos. La responsable del SPA solo pudo responder con que ese asunto no era tema de los sindicatos, pero tampoco aclaró si apoyaría una nueva reforma que no incluyese el bloque de la valoración del euskera como mérito pero en la que sí se introdujese las comunicaciones del Gobierno.

Tampoco acertó a explicarlo Jesús Elizalde, quien deslizó como posible excusa que “hay gente a la que no le gusta la rotulación en euskera”, una cuestión social y política que no parece entrar en el apartado sindical.

La cuestión solo la pudo aclarar en parte Juan José Lizarbe, abogado y exdirigente del PSN que se encargó de redactar el recurso contra el decreto. Lizarbe explicó que, después de recurrir “todo el decreto” en un primer momento y ser desestimado, se pasó a recurrir todo lo que se consideró ilegal para que el tribunal apreciase legitimidad activa, es decir, potestad del sindicato para recurrir. Con este motivo, no solo “pidieron” por los derechos de los trabajadores sino por los de los ciudadanos, algo que ha terminado desembocando en un recorte que va más allá de la valoración del euskera como mérito y ha entrado de lleno en el terreno del derecho a recibir las comunicaciones en los dos idiomas.