Cientos de personas muestran su rechazo a la zonificación

Protestan frente al Gobierno tras las sentencias del TSJN sobre el euskera
Kontseilua pide “valentía” al Ejecutivo

10.02.2020 | 08:45
Los manifestantes portan las pancartas con los lemas de la concentración.

pamplona - Alrededor de medio millar de personas se concentraron en el mediodía de ayer frente a la sede del Gobierno de Navarra en Pamplona para exigir al Ejecutivo foral que recurra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anularon varios artículos del decreto que valoraba el euskera como mérito en el acceso a puestos en las administraciones públicas, así como para instarle a elaborar una nueva ley que elimine la zonificación lingüística.

A la protesta, convocada por Kontseilua -plataforma de numerosas asociaciones que tienen por objeto el pleno desarrollo del euskera-, se adhirieron representantes de sindicatos y partidos políticos navarros, que compartieron tres grandes pancartas con las palabras Berdintasuna, Justizia y Kohesioa (Igualdad, Justicia y Cohesión).

Tras veinte minutos de acto, en el que los concentrados entonaron varias veces el lema Euskaraz bizi nahi dugu (Queremos vivir en euskera), tomaron la palabra los coordinadores de los agentes sindicales ELA y LAB en Navarra, Imanol Pascual e Imanol Karrera, respectivamente, a los que siguió el secretario general de Kontseilua Paul Bilbao, quien subrayó los lemas utilizados como "piedras angulares de la construcción de una sociedad justa y democrática".

"Hay que decir en voz alta que las sentencias chocan con estos tres ejes", denunció Bilbao, aludiendo a los dos fallos de comienzos del TSJN que pronunció a principios de este mes de octubre.

En ellas, el tribunal no aceptó los recursos interpuestos por los agentes sindicales UGT, Afapna, el Sindicato Médico de Navarra y el Sindicato de Enfermería (Satse), que pretendían anular la totalidad del decreto impugnado, pero sí que rechazó aquellos artículos que establecían la obligación de valorar el euskera como mérito en el acceso a empleo público.

"Sabíamos que esto podía venir porque el marco jurídico actual así lo permite. Si no hubiera zonificación no tendrían lugar este tipo de sentencias", argumentó Bilbao, que tendió puentes con el Gobierno de Navarra, quien gestiona la política lingüística del territorio foral, para elaborar una nueva legislación en la que Navarra no se divida, como hasta ahora, en zona vascófona, mixta y no vascófona.

"El movimiento del euskera está para ayudar, son procesos sociales y políticos, pero para eso hay que dar un paso adelante", ofreció el secretario general al Ejecutivo, al que le insta a tener "valentía" para afrontar esta situación "injusta" con los vascoparlantes.

Bilbao considera "una paradoja" este tipo de sentencias, que se contradicen con la función que tienen las instituciones de "garantizar los derechos de los ciudadanos".

"derechos cercenados" Dejando de lado la parte laboral de las sentencias, éstas afectan también tanto a las comunicaciones del Gobierno como a la rotulación que haga éste.

En concreto, los fallos establecen que ambas "no se podrán hacer con carácter imperativo", por lo que deja una puerta abierta a que, bajo justificación, se pueda seguir haciendo en bilingüe.

Éste es uno de los aspectos para los que Bilbao también pide "osadía" al Ejecutivo, porque "nos encontramos ante un decreto muy injusto que cercena los derechos lingüísticos de la ciudadanía".

Por ello, desde Kontseilua se insta al Gobierno a que "tome medidas para garantizar los derechos" de la ciudadanía navarra, además de exigir la interposición del recurso de casación, cuyo desarrollo no tendría recorrido pero sí que evitaría que las sentencias se deveniesen firmes y así poder continuar con el decreto en vigor mientras se continúa trabajando en una nueva normativa, opción que ya han iniciado desde el Gobierno como desveló esta semana la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno foral, Ana Ollo.

Paul Bilbao finalizó recordando los lemas utilizados en la concentración, y volvió a apelar a los derechos de la ciudadanía para demostrar que las sentencias han sido injustas. "Oponerse a la justicia, la igualdad y la cohesión es abolir las medidas para garantizar los derechos de los ciudadanos", finalizó.