pamplona - El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno foral, Eduardo Santos, explicó ayer en el Parlamento, sobre los trabajos para asumir la competencia de sanidad penitenciaria, que “Navarra ha hecho todos los deberes que tenía que hacer. Los primeros datos del coste de la transferencia los mandó el Estado, pero nosotros sobre esos datos hicimos los nuestros y se los mandamos. Ahora es el Ministerio de Hacienda el que tiene que decir si está de acuerdo o no en esa aproximación y, o bien volvernos a mandar alguna especificación, o directamente juntarnos en la Junta de Transferencias y acordar la transferencia”, de modo que “ese dinero luego se debe descontar del pago que nosotros hacemos vía convenio económico al Estado por ese coste”. El consejero, que pidió a Madrid que se desvincule la negociación de esta competencia de la de Tráfico porque “podría suponer un retraso”, apuntó en su intervención que “la inestabilidad política” del Ejecutivo estatal ha provocado “un parón en la interlocución” de un asunto que ayer quedó de manifiesto que todos los grupos del Parlamento foral respaldan.
Santos, que acudió a la Comisión de Políticas Migratorias y Justicia a solicitud de Navarra Suma, expuso los pasos dados en la anterior legislatura, así como en la actual, para asumir una competencia que ya en 2003, hace 16 años, preveía la legislación estatal. Comenzó su intervención recordando que “la situación de la sanidad penitenciaria es la de un cuerpo especial que depende de Instituciones Penitenciarias y que, por lo tanto, ejerce sus funciones dentro del ámbito penitenciario, separado del sistema general”. Asimismo, destacó que “en prisiones el nivel de enfermedad es mayor que el que tenemos fuera, porque se da un sistema en el cual las infecciones, las epidemias, se propagan más fácilmente y, además, la prevalencia de enfermedades de salud mental, de personas presas como consecuencia de adicciones o patologías duales, genera una mayor necesidad de atención sanitaria”.
Tras apuntar que Navarra “siempre ha sido pionera en la colaboración con el Estado para cuestiones de transferencia penitenciaria -refiriéndose al convenio para compartir el historial clínico-”, el consejero valoró el importante papel que ha tenido “el tejido social y asociativo” para intervenir en este ámbito de la sanidad penitenciaria “de una manera muy especializada y muy eficiente”. Santos, que hizo un minucioso relato de los pasos dados en los tres últimos años, así como de las reuniones y contactos mantenidos, afirmó que lo que quieren es negociar esas competencias “en la Junta de Transferencias porque entendemos que es positivo para la Comunidad Foral en términos de costes y para las personas privadas de libertad en términos de respeto a sus derechos no limitados por el sentido de la pena, pero esa negociación tiene que hacerse de forma económicamente justa para Navarra, en términos de una correcta evaluación de las transferencias y en el marco de una negociación en la Junta de Transferencias y, posteriormente, en el convenio económico que se vaya a firmar”. En este sentido, estimó que si bien “podemos estar pagando vía convenio por asistencia a personas presas una cantidad de 2,5 millones; esa cantidad entendemos que podría verse reducida sensiblemente en el caso de asumir las competencias por una cuestión de escala y de integración en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) quizás hasta una cifra de un millón y medio de euros”.
turno de réplica Jorge Esparza, de Navarra Suma, pidió “concreción” porque, a pesar de las “buenas intenciones”, “seguimos sin saber cuándo vamos a asumir esta competencia” que aparecía como compromiso de los 100 primeros días de gobierno.
La socialista Inmaculada Jurío dijo quedarse “con lo positivo: aunque sea por criticar lo que ellos no han hecho, Navarra Suma va a remar en la asunción de estas transferencias de sanidad penitenciaria”. Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez deseó que la asunción sea “lo más pronto posible”, para que la comunidad de personas privadas de libertad de la prisión de Pamplona “mejore su calidad de vida, su asistencia sanitaria, que tengan médico todos los días, que sean atendidos no sólo por médicos generalistas...”.
Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz se mostró escéptica y consideró que “seguimos mareando la perdiz” con este tema, cuya “realidad es muy grave y creo que es urgente que Navarra pueda gestionar la salud de las personas presas”. Para su asistencia, explicó que la cárcel navarra cuenta con tres profesionales de Medicina, cuatro de Enfermería y una de Farmacia, que realizan las consultas médicas tres días a la semana -dos a los módulos de hombres y uno al de mujeres-.
Ainhoa Aznárez, de Podemos-Ahal Dugu, disculpó al consejero como único responsable cuando ha habido gobiernos anteriores de todas las siglas que tampoco han logrado esta transferencia. Finalmente y tras reiterar que todos los grupos coinciden en recuperar la competencia, Marisa de Simón (I-E) señaló que “la responsabilidad no está en el Gobierno de Navarra”, sino en los del Estado.
Santos, que negó que se trate sólo de “una discusión económica” y expresó el firme compromiso de la consejería en este tema, concluyó que “la asunción va a redundar en una mayor eficacia en la gestión, en un ahorro de costes y en una clarificación de las prestaciones que se hagan desde Osasunbidea” para atender, así, a los 300 presos de la cárcel pamplonesa.
