PAMPLONa - No es frecuente que la comparecencia de un colectivo en el Parlamento foral congregue voces unísonas, sin apenas disensiones, y fecunden de ahí mensajes tanto de solidaridad como de compromiso en que se avance en visibilizar delitos como los sufridos por los miembros de la Asociación de Víctimas de Abusos en la Iglesia. A los portavoces se les reclamó que activen medidas de implantación en Navarra (protocolos policiales comunes, atención a víctimas especializada, registros de denuncias, investigación específica...) y a su vez que remitan al Congreso iniciativas de ámbito estatal, como el cuestionamiento del Concordato con la Santa Sede, la petición a la Fiscalía de que remueva los archivos diocesanos o la exigencia de que estos delitos no prescriban.

navarra suma: relación asociación con la iglesia En el turno de los grupos, el parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte, expresó su "dolor" por "la situación que pasaron siendo niños". "Es muy bueno que se denuncien los abusos para que los abusadores no se sientan impunes y para que las víctimas no se sientan avergonzadas ni solas. Lo que podemos hacer desde el ámbito político es trabajar para que haya una relación de respeto, escucha, de confianza, de cariño entre la asociación y la Iglesia católica y la comunidad católica", destacó.

PSN: QUE NO OCURRA MÁS Por parte del PSN, Inma Jurío abogó por la "visibilización para que se conozca que estos casos se han producido, no podemos obviar lo que realmente ocurrió". "No les podemos prometer una justicia práctica, pero se debe hacer por la sociedad y por el poder legislativo una reflexión profunda sobre ese tipo de prescripciones. Desde este Parlamento vamos a adoptar medidas que deben incidir en diversos ámbitos para que esto no se vuelva a producir", indicó.

GEROA BAI: PREVENIR Y NO PRESCRIBIR La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, valoró la "valentía" de la asociación y compartió sus "objetivos de justicia y de reparación, y de prevención de la pederastia, mirando al presente y al futuro". Además, planteó que se puede trabajar "para buscar fórmulas para que delitos de estas características, por su gravedad y dimensión, no prescriban".

EH BILDU: LO QUE SE DENUNCIA ES CIERTO Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz consideró que las peticiones de la asociación son "absolutamente razonables" y afirmó que en Navarra se puede trabajar en distintos aspectos para poder atenderlas. "El Parlamento tiene la capacidad de instar al Gobierno de Navarra a que la Policía Foral tenga un protocolo de atención que sea adecuado a las necesidades de las personas que van a denunciar abusos sexuales aunque estén prescritos. Ese protocolo tiene que garantizar que no hay una revictimización y que se parte de la convicción de que es cierto -lo que se denuncia-", planteó.

PODEMOS: PATRÓN DE IMPUNIDAD El portavoz de Podemos, Mikel Buil, cuestionó que "con el relato oficial que sitúa todo esto en el pasado se nos pide un dogma de fe, se nos dice que esto desapareció de centros religiosos". "Tendremos que creernos el relato oficial o tendremos que profundizar en ver si estos patrones de impunidad se han seguido. Hay un patrón de impunidad evidente que afecta siete colegios con 30 denuncias en Navarra. Ante esto, tenemos la obligación de ponernos al lado de la asociación y pedir explicaciones", afirmó.

i-e: aliviar con justicia restaurativa Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, esperó que la sesión "sirva de reparación" y señaló que, "aunque el dolor no prescribe, se puede aliviar con la justicia restaurativa, que es lo que se merecen las víctimas, pero también lo que se merece la sociedad en general, y esto pasa por el reconocimiento de su condición de víctimas, por conocer lo sucedido, por una reparación y por la no repetición".

APOYO DEL GOBIERNO En la misma línea que la mayoría de los grupos parlamentarios, el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, expuso el "apoyo y solidaridad" del Ejecutivo a las víctimas de abusos en colegios religiosos, al tiempo que apuntó que no debe haber "impunidad" para esos delitos. Remírez recordó que el Gobierno, a través del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, mantiene una relación directa con ese colectivo que cuenta, remarcó, con todo su apoyo y solidaridad. Aseguró que como sociedad y Gobierno les interesa que se esclarezca este tipo de situaciones y se pongan las bases para que no se vuelvan a repetir. Es preciso "poner todos los medios para que no se produzcan en el futuro". - E. Conde