Europa urge al Estado español a que garantice en procesos judiciales y administrativos el euskera

Un informe avala la política lingüística iniciada por el anterior Gobierno foral - Ollo defiende "el rigor y la legalidad" en las ayudas a medios de comunicación por la presencia de este idioma

22.01.2020 | 06:19
Comparecencia de la consejera Ollo, ayer en el Parlamento foral.

pamplona - Un informe elaborado por el Consejo de Europa sobre el grado de cumplimiento por parte del Estado de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias insta al Gobierno central a modificar la Ley del Poder Judicial para garantizar el uso del euskera en los procedimientos judiciales a petición de las partes, y avanzar en el uso del euskera en la Administración del Estado. Así lo explicó ayer la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, en una comparecencia en el Parlamento de Navarra en la que dio a conocer los resultados del informe europeo y en la que también defendió "el rigor y la legalidad" en las ayudas que desde el Ejecutivo foral se conceden a los medios de comunicación por la presencia del euskera.

En concreto, en el informe -sobre el que Ollo mostró la "satisfacción" del Gobierno foral ya que se avala la política lingüística puesta en marcha por el anterior Ejecutivo- se incluyen una serie de recomendaciones, especialmente en el ámbito de la Justicia -competencia, en gran medida, del Estado-, donde se estiman como no completamente cumplidos los relativos a asegurar que en los procedimientos judiciales los órganos jurisdiccionales, a solicitud de una de las partes, lleven el procedimiento en euskera. "Ya en el periodo de evaluación anterior el informe instaba encarecidamente a las autoridades a modificar el marco jurídico y a tomar las medidas necesarias", apuntó, "para aumentar la proporción de personal de Justicia en Navarra que son capaces de utilizar el euskera como lengua de trabajo en los tribunales".

Por otra parte, en lo relativo a la Administración del Estado, el informe no da por totalmente cumplidos los compromisos relativos al empleo del euskera y a la puesta a disposición de la población de formularios y textos administrativos de uso frecuente en euskera o en bilingüe, aunque reconoce que ha habido una mayor permisividad a la hora de redactar documentos en esta lengua.

En lo referido a Navarra, constata un avance en el uso del euskera y en su empleo en los servicios públicos (art. 10.3 a). En esta línea, Ollo recordó que el informe aplaude la aprobación del decreto foral de 2017 que regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas, una normativa anulada, en parte, por la Justicia.

Asimismo, entre otras cuestiones, la consejera remarcó que se valora "positivamente" el aumento de fondos públicos asignados a la política lingüística y respecto a los medios de comunicación se alaba la colaboración con el Gobierno Vasco para captar Eitb y se celebra la licencia para la emisora de radio en euskera Euskalerria irratia.

ayudas a medios En la comparecencia de ayer, Ollo también intervino para informar sobre las ayudas otorgadas a medios de comunicación por la presencia de euskera. A este respecto, defendió "el rigor y la legalidad" en dichas partidas y atribuyó las criticas a los "fobias y prejuicios que encubren hechos y lógica". Durante su intervención en la Cámara, solicitada por Navarra Suma, sostuvo que los criterios de "legalidad, rendición de cuentas y transparencia" se aplican. Por eso, lamentó que en la solicitud de Navarra Suma subyazca "un prejuicio" y criticó que se siembren dudas sobre los empleados públicos que gestionan las convocatorias de ayudas y subvenciones.

Al respecto, recordó que la ley del Euskera establece que los poderes públicos deben promover la presencia de esta lengua en los medios de comunicación, algo que se reconoce que se ha hecho en el informe sobre el cumplimiento de la Carta Europea de las lenguas minoritarias, para lo que se prevé la convocatoria de ayudas, como también se hace en otras comunidades con lengua propia como Galicia o la Comunidad Valenciana. Así, según explicó la consejera, en la convocatoria de 2019, dotada con 680.000 euros en los presupuestos públicos, se establecieron los requisitos que debían cumplir los beneficiarios, tanto periódicos y revistas como audiovisuales y online, y la resolución se hizo en mayo, igual que el año anterior, y el pago se efectuó en dos fases.

En su turno, Alberto Bonilla (Navarra Suma) afirmó que más allá de la legalidad que, según dijo, no puso en duda, se trata de "ética" ya que consideró que se "ha creado una red que, bajo el pretexto del euskera, se encarga de publicar informaciones afines" en medios "en los que jamás se va a encontrar una mínima crítica al Gobierno y su gestión".