Madrid - El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética impedirá que las zonas urbanas declaradas bajas en emisiones puedan revertirse, porque “cualquier medida municipal que suponga regresión deberá contar con un informe positivo de administraciones estatales o autonómicas competentes”.
El nuevo borrador de dicha ley establece que será obligatorio que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 y amplía las entidades que deben evaluar el riesgo climático al que está sometida su actividad.
El texto del anteproyecto de ley fue presentado ayer por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), dentro de los trámites previos a su remisión al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.
El borrador, que previamente ha sido sometido a información pública para incorporar alegaciones y que será visto también por la Conferencia Sectorial y el Consejo de Estado, fija que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección ambiental.
Movilidad eléctrica Como novedad, el texto indica que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares habrán de impulsar medidas de movilidad eléctrica compartida.
Según la ministra, las zonas de bajas emisiones en las ciudades son “fundamentales” por razón de salud pública, ruido, y otras, y por ello, desde el Gobierno se ha optado por “endurecer” las disposiciones, a la vista de los comentarios de la consulta pública.
El compromiso para 2030 es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20% respecto a 1990; este objetivo es coherente con el aumento de ambición de la Comisión Europea, que pasaría del actual 40 por ciento a una horquilla entre el 50 y el 55%. Con esto, “se sentarían unas bases sólidas para progresar hacia la neutralidad climática del país, y lograr emisiones netas cero, no más allá de 2050”, explicó Ribera.
