El Gobierno foral espera de los bancos un "uso racional" de la Justicia con el IRPH

03.03.2020 | 13:32
El secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, interviene en el desayuno Informativo de Europa Press.

PAMPLONA. El Gobierno de Navarra ha pedido a las entidades bancarias un "uso racional del servicio público que es la Justicia", y les ha instado a "no alargar innecesariamente los procesos de reclamación mediante recursos que saben que acabarán perdiendo".

Así lo ha expresado este martes el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, quien ha señalado que "se están estudiando medidas para poner freno al abuso y empleo antisocial de los recursos jurídicos" que algunas entidades bancarias vienen haciendo.

Se ha expresado así en una nota tras conocer que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) debe estar sometido a control judicial para examinar si se trata de una cláusula abusiva y, por tanto, nula.

Esta cuestión afecta a alrededor de 9.000 consumidoras y consumidores en Navarra, que se suman a los casos que continúan en los juzgados relativos a otro tipo de cláusulas bancarias abusivas.

Ante ello, el consejero Santos ha instado a las entidades bancarias a que "pongan de su parte para evitar la saturación de la Justicia y litigios innecesarios para sus clientes".

Además, ha recordado que "el número de demandas interpuestas sobre estas cláusulas abusivas, y sobre todo el elevado número de recursos, impide que las sentencias se dicten en un plazo razonable" a pesar de, según ha destacado, "el esfuerzo y la solvencia de los juzgados especializados, que están sacando adelante un gran número de resoluciones".

En estos momentos, ha descrito Santos, "algunas entidades bancarias hacen un uso irresponsable de la Justicia, y obligan a litigar a sus clientes en asuntos en que saben que la jurisprudencia está de parte de estos últimos".

"¿Por qué recurren hasta agotar posibilidades, cuando las posibilidades no existen?", se ha preguntado el consejero, para calificar de "uso antisocial" el "intentar usar la Justicia para que los clientes afectados renuncien a defender sus derechos".

También, Santos ha animado en ese sentido a que "las personas consumidoras y usuarias reclamen lo que consideren de Justicia, y ahí tendrán el apoyo de este Gobierno".

"La Justicia es un servicio público, garante de derechos y libertades, y estos derechos deben ser defendidos cuando se producen abusos desde cualquier estamento", ha concluido.