PAMPLONa - El Gobierno de Navarra pidió ayer a las entidades bancarias un "uso racional del servicio público que es la Justicia", y les instó a "no alargar innecesariamente los procesos de reclamación mediante recursos que saben que acabarán perdiendo". Así lo expresó el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, quien indicó que "se están estudiando medidas para poner freno al abuso y empleo antisocial de los recursos jurídicos" que algunas entidades bancarias vienen haciendo.
Ante la sentencia del TJUE sobre el índice IRPH, Santos instó a las entidades a que "pongan de su parte para evitar la saturación de la Justicia y litigios innecesarios para sus clientes". Además, recordó que "el número de demandas interpuestas sobre estas cláusulas abusivas, y sobre todo el elevado número de recursos, impide que las sentencias se dicten en un plazo razonable" a pesar de, según ha destacado, "el esfuerzo y la solvencia de los juzgados especializados, que están sacando gran número de sentencias".
En estos momentos, describió Santos, "algunas entidades hacen un uso irresponsable de la Justicia, y obligan a litigar a sus clientes en asuntos en que saben que la jurisprudencia está de parte de estos últimos". "¿Por qué recurren hasta agotar posibilidades, cuando las posibilidades no existen?", se preguntó el consejero, para calificar de "uso antisocial" el "intentar usar la Justicia para que los clientes afectados renuncien a defender sus derechos". También, Santos animó en ese sentido a que "las personas consumidoras y usuarias reclamen lo que consideren de Justicia, y ahí tendrán el apoyo de este Gobierno". "La Justicia es un servicio público, garante de derechos y libertades, y estos derechos deben ser defendidos cuando se producen abusos desde cualquier estamento", acabó.
