La Red Navarra contra la Pobreza reclama un plan social para paliar la crisis

Presenta una propuesta con medidas concretas para ayudar a personas en riesgo de exclusión

19.05.2020 | 00:38
Arriba, Alberto Urteaga y Gara González; y abajo, Jesús García, ayer en la rueda de prensa 'on line'.

Pamplona – La Red Navarra para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión presentó ayer un Plan Social que tiene como objetivo "evitar pasar de una situación de emergencia sanitaria a una situación de emergencia social", para lo que propuso una serie de medidas destinadas a blindar a los sectores más vulnerables. Desde la Red, recordaron el punto de partida en el que se encontraba la sociedad navarra antes del estado de alarma, con un 12,6% de la población –casi 82.000 personas– afectada por el riesgo de exclusión. En este sentido, Jesús García Salguero, portavoz de la plataforma, apuntó que "seguramente son estas personas quienes más han sufrido el confinamiento", ya que "son las que peores viviendas tienen, han sufrido situaciones de hacinamiento y pobreza energética o no tienen hogar".

Con tal de paliar estas situaciones, presentaron una batería de medidas, unas en materia general y otras específicas, que incluyen el refuerzo del sistema de garantía de ingresos y apoyo a la vivienda, para garantizar que todas puedan afrontar los gastos de alquiler, transporte y alimentación". García celebró que se haya agilizado la tramitación de prestaciones como la renta garantizada o las del departamento de Vivienda, al haber reducido requisitos y ampliado cuantías.

Por ello, la Red solicitó un plan de choque social "eficiente y rápido, en el que las personas tengan un peso significativo", además de consensuado con los actores estratégicos en el ámbito social. Algunas de las medidas que contendría ese plan sería una mayor inversión en servicios sociales; mantener y potenciar los recursos residenciales; garantizar la igualdad en el acceso de las personas al mundo digital; el desarrollo del III Plan de Salud Mental; una evaluación integral del alumnado y un diagnóstico del impacto en la juventud, además de la implementación de medidas de refuerzo educativo; y por último que el Gobierno foral asuma las competencias de la cárcel de Pamplona.