"La crisis del covid-19 no crea desigualdades sociales, sino que acentúa las ya existentes"

Tres expertos en materia de derechos sociales debatieron el pasado viernes acerca de las consecuencias de la pandemia del coronavirus dentro de un ciclo de la UPNA

23.05.2020 | 01:18
El debate se desarrolló en el canal de Youtube de la UPNA.

pamplona – Qué pasará una vez la pandemia del covid-19 se haya disipado es probablemente la pregunta más extendida a lo largo y ancho del globo en este momento. Como ya ha quedado patente, el coronavirus no está dejando a su paso tan solo una crisis sanitaria, sino que también acarrea consecuencias negativas en otros ámbitos como lo son el económico o el social, principalmente. En esta línea, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) propone una serie de jornadas que pretenden ayudar a esclarecer algunas de las dudas acerca de cómo será la vida post covid-19. Para ello, poniendo esta vez el foco en las consecuencias de la pandemia en materia de desigualdad social, el pasado viernes Miguel Laparra, profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPNA, Manuel Aguilar Hendrickson, profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universitat de Barcelona, y Gabriela Jorquera Rojas, Consejera Técnica en Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, dialogaron acerca de qué nos deparará el futuro inmediato. Laureano Martínez Sordoni, profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPNA fue el encargado de moderar el ciclo.

perfiles más afectados

¿Qué consecuencias dejará el covid-19?

Los tres expertos coincidieron en que la principal consecuencia de la pandemia del coronavirus en materia de derechos sociales será el aumento de las desigualdades ya existentes más que la creación de algo radicalmente nuevo. Para Jorquera, desde hace varias décadas, el Estado español ha mostrado "un déficit estructural en políticas de redistribución y de protección hacia algunos sectores más vulnerables". Además, siguió la ponente, a esto se suma un mercado laboral con "problemas serios, como desempleo de larga duración y una precariedad laboral crecientes desde los años 80". Al estallar la crisis económica de 2008 "las costuras se rompieron de donde eran más débiles y vimos cómo se disparaba la pobreza, algo que los años de recuperación no han sido suficientes para retornar al punto en el que estábamos antes de la crisis". En esta línea, Jorquera predijo que la crisis del covid-19 va a tener el mismo efecto de aumento y profundización de las desigualdades, afectando de forma especial, "una vez más, a los sectores de la población más desfavorecidos como las personas en pobreza, los hogares con niños a cargo, los jóvenes, las personas con contratos precarios o quienes trabajan en la economía sumergida". Por su parte, Laparra indicó que durante el proceso de confinamiento ya se han visto las primeras dificultades como, por ejemplo, "las familias que vivían en economías de subsistencia, combinando una prestación económica de baja cuantía y alguna actividad que generaba ingresos al día, a veces de carácter irregular, han visto como una de estas dos patas se caía de un día para otro y no podían solventar las necesidades más básicas".

En lo que respecta a una situación "post-covid", Laparra señaló que "es más fácil parar una economía que volverla a arrancar. La crisis financiera de 2008 tiene una naturaleza muy distinta de ésta en su origen, pero sabemos qué nos trajo: los ingresos de la decila más pobre se redujeron un 42% en 5 años y la exclusión social severa aumentó un 83%. Incluso después de 5 años de crecimiento de la actividad económica y el empleo, en España había un 45% más de exclusión social severa que en 2007", detalló.

Aguilar, por su lado, recordó que hay

pocos datos sobre a quién está afectando más esta crisis y de qué manera, pero señaló que, "sin duda, está afectando de manera desigual y muy asimétrica". Así, puso la mira en las personas con una alta inestabilidad laboral (contratos por días u horas) que se han podido ver sin ingresos, y también en aquellas personas cuyos ingresos procedían de la economía sumergida. "Los carterístas también se han quedado sin trabajo", aseguró.

algunas políticas

¿Cómo contribuye el Ingreso Mínimo Vital a luchar contra las desigualdades?

En cuanto al papel del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la hora de luchar contra las desigualdades, Jorquera creyó que "va a ser un impulso muy importante, pero desde luego no va a ser suficiente, porque difícilmente una sola política va a poder contener problemas de tan largo alcance". En la misma línea, Laparra coincidió con que el IMV no es una solución a la crisis del coronavirus, sino que es "una necesidad estructural de la sociedad española, que dedica pocos recursos a luchar contra la pobreza severa".

Para el profesor de la UPNA, los ERTE sí han sido una respuesta específica a la situación laboral generada por el coronavirus y señaló que, con una incidencia del 24%, el Estado español todavía se aleja mucho de los niveles alcanzados en Francia o Italia (casi el doble), pero ha evitado, de momento, que el desempleo se haya disparado (habría llegado al 34%, frente al 14% actual sin ellos, según calcula FUNCAS). También en términos económicos, Laparra recordó que para el IMV se calcula un coste de 3.500 millones anuales, mientras que para los ERTE se habla de unos 6.000 millones por dos meses. Ante la incertidumbre actual respeto al IMV, Aguilar propuso "un sistema mixto y articulado de renta mínima con una base estatal común y programas autonómicos complementarios" para hacer frente a las desigualdades territoriales. Es decir, "necesitamos garantizar un mínimo de partida y que en cada comunidad se pueda ajustar a características peculiares del mercado de trabajo o el coste de la vida en los territorios, entre otras cosas", apuntó. Creyó necesario repensar los programas de tipo asistencial como el de desempleo y las prestaciones familiares.

consecuencias educativas

Brecha digital

En cuanto al ámbito educativo, "si bien no sabemos cómo va a afectar el haber estado sin clases presenciales –apuntó Jorquera–, más aún cuando muchos estudiantes con situaciones sociales de desventaja no han podido continuar con el curso escolar (100.000 hogares con niños y adolescentes carecen de acceso a internet), sabemos que el impacto será muy significativo". Para Laparra, atender la brecha digital, "que se ha hecho más significativa y excluyente" con esta crisis, también es algo "ineludible". Así, valoró que el acceso a internet y la alfabetización digital deberán plantearse como "necesidades básicas y garantizarse como derecho". Además, explicó que detrás de la brecha digital está la brecha social y educativa que hace que, además de la calidad del acceso a internet o la carencia de ordenadores, "en ocasiones no haya unos padres con capacidad de supervisar y apoyar a sus hijos e hijas en las tareas escolares. Sin escuela, aumenta el riesgo de descuelgue de los sectores más vulnerables y por eso, es importante preparar actividades compensatorias este verano para los que ya se han quedado atrás y planificar la vuelta al cole garantizando los apoyos y medios técnicos para todos y todas", subrayó Laparra.

Aguilar propuso reforzar las políticas de vivienda que es el aspecto que "más asimetrías crea entre personas que pueden tener nivel de ingresos similares", Así los expertos propusieron impulsar la promoción de vivienda de alquiler social, las ayudas al alquiler para los inquilinos de bajos ingresos y los controles del mercado inmobiliario "que impidan los precios desorbitados que hemos visto últimamente", así como la rehabilitación y la promoción de vivienda protegida en compraventa.

"EL IMV debe garantizar una base estatal común y programas autonómicos complementarios"

Manuel Aguilar Hendrickson

Universidad de Barcelona