- Colectivos sociales de Navarra -Papeles y Derechos Denon-tzat, Iruñea Ciudad de Acogida, Karabana Mugak Zabalduz, Salhaketa y SOS Racismo- han presentado una queja al Defensor del Pueblo de Navarra para solicitarle que realice un requerimiento al Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona para que “archive todos los procedimientos sancionadores incoados durante la vigencia del estado de alarma por meros incumplimientos de las limitaciones impuestas”. Este requerimiento se realiza, según denunciaron ayer estos colectivos en un acto de protesta frente al Consistorio pamplonés, después de que durante el confinamiento las autoridades policiales hayan propuesto para sanción a quienes se saltaron las limitaciones del estado de alarma en base al artículo 36.6 de la Ley Mordaza. Este artículo contempla para sanción “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones ”. Por ello Ramón Yanci y Beatriz Villahizan, en representación de los colectivos, consideraron “ilegítimas” las 12.500 multas incoadas en Navarra durante el estado de alarma, al entender que dicho artículo fue redactado “en caso de desobedecer una orden directa de un agente de policía” y ahora “se pretende aplicar en el supuesto de incumplimiento de una norma”.
Los portavoces denunciaron que durante el confinamiento, el Estado “ha intensificado las estrategias de control a través del miedo y del castigo”, y advirtieron de que “no han dejado de sucederse identificaciones por perfil étnico y muchas de ellas han acabado en multa”. “En algunos casos se trataba de personas en situación administrativa irregular, que se han enfrentado al confinamiento sin ingresos y con el miedo a salir a la calle para acudir a lugares de primera necesidad”, sostuvieron.
El debate sobre la legitimidad de este tipo de multas genera muchas dudas pero la mayoría de juristas coinciden en que no es el procedimiento correcto para este tipo de sanciones. De hecho, la Abogacía del Estado dictaminó que para multar con la Ley Mordaza no basta con el incumplimiento de las restricciones de movilidad sino que es necesario desatender las órdenes de un agente de la autoridad.
Por el momento, ningún tribunal navarro se ha posicionado al respecto y es, precisamente, a quienes el Defensor del Pueblo, Javier Enériz, cree que hay que esperar: “El debate es bastante dudoso y habrá que esperar al pronunciamiento de los tribunales. Nosotros estamos estudiando la queja y cuando recibamos el informe del Ayuntamiento de Pamplona tomaremos una postura”. Mientras tanto, recordó a las personas que han sido propuestas para sanción que pueden recurrir las multas ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).
“El Estado ha intensificado la estrategia de control a través del miedo y el castigo”
“No han dejado de suceder identificaciones por perfil étnico y muchas han acabado en multa”
Representantes de los colectivos
