Caen las quejas por ruido desde la implantación del estado de alarma

Enériz ha acudido al Parlamento para presentar el informe de actividad de la institución en 2019, año en el que recibió 1.138 quejas, algo más que en 2018, atendió 1.625 consultas frente a las 1.398 de un año antes, realizó 14 actuaciones de oficio, casi el doble que las 25 del 2018, recibió 5 propuestas ciudadanas de mejora y elaboró 3 informes a petición del Parlamento.

Durante su intervención, ha señalado que "es curioso cómo han caído en estos cuatro meses las quejas por ruidos porque no han funcionado ni los bares ni la hostelería ni las fábricas" comentando que, aunque las quejas por aspectos relacionados con el medio ambiente no son las más numerosas, estos "serán los ciudadanos más agradecidos por la implantación del estado de alarma".

También ha llamado la atención por las quejas referentes a la falta de adjudicación de vivienda protegida en régimen de arrendamiento destacando que "el problema no son las quejas que recibimos" sino que "cuando vemos el censo de solicitantes comprobamos que no para de aumentar".

Según ha detallado, el 50 % de las quejas recibidas por la institución de dirigían al Gobierno de Navarra, el 25 % a entidades locales y un 9 % a la administración del Estado.

La mayoría de las administraciones colaboran con el Defensor, aunque ha reconocido que "algunas retrasan en exceso la remisión de información y otras no colaboran debidamente".

Debido a esto ha remitido a los grupos el borrador de una proposición de ley que articule la posibilidad de incluir multas coercitivas a las administraciones en caso de incumplimiento, ya que el ordenamiento jurídico sanciona estos supuestos como delito penal de la autoridad y a su juicio "esto es muy excesivo e individualiza en exceso estos casos".

"Lo que hay que hacer es que las administraciones colaboren diligentemente con el Defensor del Pueblo", ha insistido apostando por esta ley que, a su juicio, sería "un mecanismo de advertencia eficaz que avise y no sancione más que al que es el irredento completo y total".

Enériz ha informado que en el 2019 emitió 348 resoluciones que contienen 213 recomendaciones, 71 recordatorios de deberes legales y 120 sugerencias, de ellas 20 normativas.

El número de personas que está detrás de las consultas y quejas, ha señalado, ronda las 6.700, menos que las 8.000 registradas un año antes, y por materias las que más han registrado son función pública, educación, bienestar social, acceso a un empleo público y hacienda, que "con distinto orden vienen a ser las mismas que en el año anterior", ha comentado.

Desde Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha denunciado que Educación lleva años "encaramada a la primera posición como la administración que más quejas recibe por la deficiente atención de los ciudadanos", la que más desatiende y la que menos colabora con la institución, algo que, ha asegurado, "no ocurría hace unos años" y coincide con la "inestabilidad perpetua" del departamento.

Inmaculada Jurío, del PSN, ha destacado la importante "labor de mediación entre la Administración y el ciudadano" de esta institución ya que "muchas veces la Administración resuelve" los problemas que se trasladan "sin necesidad de llegar a la tramitación de un procedimiento" y ha criticado que, a pesar del progresivo aumento de actividad y su eficacia, el presupuesto no se ha incrementado.

Desde Geroa Bai María Solana ha manifestado que el Defensor "se muestra una vez más como fundamental" porque "pone de manifiesto la distancia que existe entre la administración y la ciudadanía" y "la falta de flexibilidad para reconocer errores y subsanarlos" y ha considerado "normal" que materias como Educación sean las que más quejas reciben porque "afectan a la población en mayor medida".

Adolfo Araiz, de EH Bildu, se ha mostrado a favor de la propuesta de ley planteada por Enériz al considerar que "las multas coercitivas son mucho mejor que cualquier sanción penal" y ha criticado que existan 53 recordatorios de obligaciones legales a las administraciones, más aún cuando "solo un 78% dan cumplimiento" tras ser informadas.

Desde Podemos Mikel Buil ha criticado también que, a pesar de estar haciendo "un magnífico trabajo" el Defensor trabaja "con un presupuesto congelado desde hace 8 años", siendo el 55 % del presupuesto que tenía en 2007, y ha mostrado su deseo de que la institución pueda contar con "el presupuesto para poder hacer un análisis más sociológico del ámbito de las quejas en clave de participación social".

Por parte de I-E, Marisa de Simón ha criticado que el 67,6 % de resoluciones de propuesta de mejora han sido admitidas, lo cual implica que "las Administraciones públicas no progresan adecuadamente" y "tienen que mejorar" al tiempo que ha valorado positivamente que la mayoría de quejas se resuelvan en una primera intervención.