- El consejero de Educación del Gobierno foral, Carlos Gimeno, manifestó ayer que “resulta imposible establecer criterios de carácter general” para el curso que viene ante la situación generada por la pandemia del covid-19, ya que “el análisis habrá que hacerlo con cada centro, y surgirán las necesidades reales de personal en cada uno”. Según Gimeno, no es posible conocer ahora “las afecciones que la nueva normalidad tendrá en la contratación de personal docente, sin perjuicio de otras medidas que habrá que adoptar” y añadió que la situación “puede evolucionar a peor o a mejor, incluso a riesgo cero de contagios”, y que por ello se estudian también distintos escenarios para poder pasar de uno a otro llegado el caso.

Gimeno, que compareció en el Parlamento a petición de EH Bildu, aseguró que Educación, que ya prevé planes de contingencia, pretende garantizar la seguridad, mientras que desde el Estado se trabaja aún para fijar con carácter definitivo en los ámbitos de prevención, higiene y seguridad, según apuntó.

En su intervención, el consejero manifestó además que “es la primera vez que en el Presupuesto del Gobierno foral se introduce una cantidad para financiar el pacto para la mejora de la enseñanza pública en Navarra”. Así, explicó que “en agosto de 2019 este consejero tuvo que solicitar una ampliación de crédito en capítulo uno del departamento para afrontar el inicio del curso 2019-20, con un coste de 8 millones; y está previsto para el próximo curso que se inviertan 24,7 millones para consolidar las medidas del pacto”.

Gimeno señaló que “para las dos medidas previstas para el curso 2020-21 se ha hecho una previsión de coste económico; la prevista para el tercer cuatrimestre de 2020 se valora en un millón de euros y supone un coste anual para siguientes ejercicios de más de 3 millones”. “La cantidad no está incluida en los Presupuestos de 2020 y no podrán ser aplicadas el próximo curso y habrá que establecer nuevo calendario”, dijo.

Asimismo, comentó que “aun cuando el Gobierno ha manifestado su voluntad de aplicar el pacto de 2018, es obligación de los poderes públicos y de los funcionarios cumplir la normativa vigente”. “Educación y el Gobierno aplicarán las medidas previstas en el pacto siempre y cuando tengan la financiación necesaria para ello”, indicó.

Para la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, la planificación de personal para el próximo curso “está todavía muy verde”, una “decepción” porque “los centros necesitan respuestas” cuando una educación presencial que cumpla con las medidas de seguridad “obligará a desdobles y por lo tanto habrá necesidad de más docentes”.

En esta línea, por Navarra Suma, Pedro González, creyó que es necesario transmitir a los centros “claridad” en las medidas y necesidades y certidumbre al profesorado.

Jorge Aguirre, del PSN, criticó la falta de dotación económica del anterior gobierno para atender los acuerdos firmados y, por su parte, María Solana, de Geroa Bai, aseguró que el pacto para la calidad de la enseñanza “se va a cumplir”, quien aseveró que desde 2018 hay fondos presupuestarios para el mismo.

La portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, abogó por “un itinerario conjunto” para ver cómo iniciar el próximo curso y, por último, Marisa de Simón, de I-E, recordó que “los pactos están para cumplirlos” y “si hace falta algún ajuste será con la parte sindical”.

Concertada. En el caso del acuerdo para la enseñanza concertada, Gimeno afirmó que “se ha cumplido conforme a sus propios términos” y este junio está previsto abonar una subida retributiva del 3,25% conforme a la disponibilidad presupuestaria (el 1,25% es para revertir recortes). Así, dijo que para aplicar las medias “no ha sido necesario negociar con los sindicatos”, una decisión que la mayoría de los grupos consideró “un paso atrás”.