El Partido Socialista de Navarra (PSN) y Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa registraron en el Parlamento de Navarra una proposición de ley para derogar la ley foral 15/2022, de 17 de mayo, que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de Navarra. La iniciativa, según informaron desde el PSN, tiene el objetivo de “corregir una desigualdad normativa y avanzar hacia un marco educativo público basado en la equidad y la coherencia jurídica”.
La actual ley foral 15/2022, explicaron, “garantiza que los docentes de religión que tienen contrato laboral temporal mantengan su puesto de trabajo y la jornada correspondiente, incluso cuando se reduce la carga lectiva de la asignatura por los cambios educativos en cumplimiento de la LOMLOE”.
“Esto significa que aunque haya menos horas de religión por curso, la Administración no puede reducirles la jornada ni despedirles por razones de carga lectiva, algo que no sucede con el resto de docentes del sistema educativo público”, afirmó la portavoz socialista, Ainhoa Unzu. El PSN subrayó, además, que “el sistema de selección del profesorado de religión actualmente no incorpora los principios de igualdad, mérito y capacidad en los mismos términos que el acceso a la función pública docente, lo que refuerza la necesidad de evitar privilegios que rompen el equilibrio del sistema educativo público. La ley del 2022 “blinda de forma extraordinaria a un colectivo de docentes –designados por el Arzobispado y no a través de una oposición– frente a la evolución real de las necesidades educativas”.
“Nuestro objetivo es acabar con privilegios que no se sostienen en criterios de justicia ni de equidad”, añadió Unzu. En el sistema educativo “está el resto de profesorado contratado en régimen temporal o por contratos administrativos –como el personal contratado por necesidades docentes– que afrontan situaciones similares: reducción de carga lectiva, cambios curriculares, descenso de la natalidad o variación en las opciones del alumnado”.
“Un trato desigual”
En estos casos, “la normativa no contempla ninguna garantía específica de mantenimiento del puesto de trabajo”, lo que “evidencia un trato desigual que no se sustenta ni en la naturaleza del contrato ni en la materia impartida”. “Con la derogación de la ley, el profesorado de religión pasará a estar sujeto a las mismas reglas que el resto de docentes de la escuela pública, de modo que su continuidad y su jornada dependerán de la carga lectiva real de la asignatura y de las necesidades educativas de cada curso”. Con “responsabilidad y sensibilidad hacia la comunidad educativa”, la proposición de ley establece que la derogación “no tenga efectos inmediatos”. La aplicación se pospone hasta el inicio del curso 2026/2027, “con el fin de no alterar la organización del curso en vigor ni generar incertidumbre en las personas directamente afectadas”.
Por su parte, desde Contigo-Zurekin remarcaron que la norma aprobada en 2022 “blindó los puestos y condiciones del profesorado de religión, pese a la reducción progresiva de su carga lectiva”. Una ley que, “tal y como se ha conocido recientemente, supone un coste cercano a los dos millones de euros anuales para las arcas públicas y ha generado un evidente agravio comparativo con el resto del profesorado”.
