ay pocos documentos que nazcan rodeados de más polémica que el denominado pasaporte-covid. Este certificado verde digital de la Unión Europea, el nuevo pase que probará que el viajero titular ha sido vacunado contra el coronavirus, se ha recuperado de la enfermedad, o los resultados de sus pruebas son negativos, será emitido a los ciudadanos de la UE a mediados de junio. Sin embargo, está más entredicho que nunca porque está inmerso en enigmas sanitarios, jurídicos y éticos.
Este pase no solo permitiría a las personas vacunadas viajar, también les abriría la puerta a participar en acontecimientos culturales o deportivos. De hecho, el Gobierno británico empezará a ensayar este mes los pasaportes covid en cines y eventos deportivos como parte de la paulatina desescalada en el Reino Unido, donde la mitad de la población adulta ha sido ya vacunada con una dosis. Por ahora, solo Israel ha puesto en marcha ese carné verde que da luz verde a hoteles, centros comerciales o gimnasios al 32% de su ciudadanía que está ya completamente inmunizada. Países como España ven en este salvoconducto la única manera de salvar el turismo y han mostrado su respaldo absoluto a que se acuerde para antes del verano un “certificado que permita los viajes de forma segura y ordenada”.
También, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el organismo de la industria de las aerolíneas, anuncia que lanzará a mitad de mes un pasaporte digital de viajes con resultados de exámenes covid-19 y certificados de vacunación en la plataforma de Apple.
La sociedad también lo ve con buenos ojos y seis de cada diez ciudadanos aseguran que es una “buena iniciativa” para reactivar la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea y más de la mitad lo considero efectivo para evitar la propagación del virus, según una encuesta realizada esta emana por la OCU .
Pero sus bondades sanitarias no están claras y los epidemiólogos dudan. Daniel López Acuña manifiesta que “entre los problemas que presenta es que no va a poder certificar la posibilidad de no ser infectante o poder generar contagio o haber sido vacunado”. Y cree que “puede propiciar discriminación ya que no todo el mundo ha tenido acceso a la vacuna. Aplicar un concepto como un pasaporte que sea un salvoconducto no tiene mucho sentido”, declara. Las razones que se esgrimen desde el punto de vista epidemiológico son dos; todavía se desconoce cuánto dura la inmunidad de las vacunas y si una persona vacuna puede seguir contagiando. “Nos faltan esos dos datos clave”, añade.
Y es que el debate en el seno de la Unión Europea y los estados miembros ha sido acalorado y se han centrado en la pertinencia o no de si este DNI de vacunación puede llevar a situaciones discriminatorias. La doctora en Filosofía y profesora de la Facultad de Humanidades de UIC Barcelona, Magdalena Bosch, advierte de que el pasaporte de vacunación que prepara la Unión Europea “podría generar situaciones discriminatorias” en otros ámbitos que no tienen nada que ver con la posibilidad de desplazarse por la UE sin someterse a restricciones, como la contratación en una empresa o acudir al gimnasio o al teatro.
Bosch explica que si, además, “los inmunólogos no ven garantías sobre el contagio de los vacunados a otras personas el proceso es muy polémico”. A su juicio, no sería discriminatorio si el acceso a la vacuna fuese universal, ya que “sería el único modo de que hubiera una igualdad completa de oportunidades en los distintos ámbitos que puedan verse afectados, desde viajes a contratación o actividades de ocio”.
En sentido completamente opuesto se manifiesta Ada García, jefa de estrategia de NeXplain, la empresa que ha desarrollado ImmuvID, una tecnología que permite verificar si una persona cumple con los requisitos de vacunación, test anti-covid o protección inmunológica requeridos. “Es un primer paso en la dirección correcta. La normalidad que conocíamos antes de la pandemia aún dista mucho de lograrse, pero eso no significa que no podamos recuperar ciertos espacios de normalidad a medida que un creciente número de personas está vacunado”, sostiene García.
“Esto puede facilitar una reapertura controlada y evitar un daño irremediable al tejido empresarial de los países y a las economías familiares, a la vez que reducimos al mínimo los riesgos sanitarios”, matiza, desafiando la controversia.
