- El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, planteó a los grupos un “pacto por la reinserción” de las personas presas, “un pacto político” que contribuya a “un sistema más justo y humano”. Santos, que compareció en el Parlamento a petición de EH Bildu para informar sobre el modelo de ejecución penal para Navarra en el que trabaja su departamento y el nuevo servicio creado al efecto, indicó que el reto es alcanzar un acuerdo que construya una sociedad “pacífica, consciente de sus conflictos, capaz de asumirlos y de recomponerlos”.
Se trataría de lograr “una comunidad que atienda en primer lugar a las necesidades de las víctimas, pero también a las personas condenadas por cualquier delito y sus carencias”, alrededor de 300 en Navarra, la mitad con condenas que no superan los 3 años y la mitad con problemas de salud mental, adicciones, hepatitis o VIH.
A juicio del consejero, el modelo de ejecución penal debe tener vocación de “pervivencia” y ser “de todas las formaciones políticas”, por lo que no puede ser estático ni “identificable con ningún partido ni opción de gobierno”. “Es un modelo trabajado, consensuado, sensible, honesto, plural”, dijo, y precisó que está sustentado en reglas internacionales, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución, en mandatos del Parlamento de Navarra y en el “espíritu” del Amejoramiento.
Sus líneas estratégicas son garantizar los derechos de todas las personas presas, priorizar la respuestas comunitarias y las penas no privativas de libertad, potenciar el cumplimiento de condenas en el medio abierto y fomentar la reinserción en toda la ejecución penal.
El modelo exige ampliar plazas terapéuticas y pisos de reinserción, implementar un programa de incorporación socio-laboral, mapear los recursos para la reinserción, coordinar políticas de reinserción y migratorias, y tener un sistema de prevención de torturas o malos tratos en la prisión.
Igualmente, se quiere potenciar la formación de los trabajadores de la cárcel, implantar la mediación penitenciaria, crear grupos de reflexión y trabajo, y estudiar las necesidades sociales de reclusos y exreclusos.
Para Santos, “cuanto mejor trato demos a las personas presas mejores indicadores tendremos como sociedad”. Y añadió que no se les puede apartar de la comunidad, ni olvidar que “conservan todos sus derechos”, salvo las limitaciones que marquen sus sentencias, por lo que hay que “asegurar” que se les facilitan por los circuitos normalizados, como los de sanidad o cultura, los servicios y prestaciones a los que tienen derecho.
“No tendrán libertad pero seguirán teniendo su ciudadanía”, aseveró, y añadió que las penas privativas de libertad “no son siempre las más eficaces ni las más adecuadas” y “a veces dificultan” derechos fundamentales, como el de la salud. Este sistema, explicó, busca evitar la victimización secundaria y promover la implicación de la comunidad en la prevención y resolución de los conflictos, así como la responsabilización del victimario.
Y a ello da respuesta la Justicia Restaurativa con un enfoque comunitario como el que pretende el nuevo servicio, cuyo objetivo es crear y coordinar una red que ofrezca procesos restaurativos comunitarios.
“Las penas privativas de libertad no son siempre las más eficaces ni las más adecuadas”
Consejero Políticas Migratorias y Justicia
