El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi, ha anunciado que al convenio con el Arzobispado para la cesión de 13 viviendas se unirán en breve otros dos con sendas entidades que permitirán incorporar otras 41 a la bolsa de alquiler social de Nasuvinsa.

Durante una comparecencia en el Parlamento solicitada por EH Bildu, Aierdi ha indicado que el convenio con la Iglesia "no es la solución para la demanda que tenemos pero permite dar un paso adelante y marcar una tendencia", no solo con grandes tenedores sino también con particulares con propiedades en todo el territorio, porque la bolsa de alquiler se abre a toda la comunidad.

Con esta finalidad de impulsar la cesión de vivienda a Nasuvinsa, Aierdi ha comentado que se facilitará a los ayuntamientos interesados la relación de viviendas vacías que tienen y la posibilidad de que la sociedad pública haga un esfuerzo inversor para su rehabilitación y pasen así a la bolsa de alquiler, siempre más rápido y más barato que la construcción de nueva vivienda.

Según el consejero, los precios del alquiler fijados con la Iglesia son los generales y ha señalado que los costes de reparación pueden ser de 242 euros por ejemplo en Yaben o de 484 en Tudela, igual que en Pamplona, por lo que la intervención es mucho más rápida y barata que la construcción de una nueva vivienda.

Son cesiones por siete años y seis meses, prorrogables por periodos de siete años, en las que Nasuvinsa asume inicialmente el coste de la rehabilitación, que recuperará cobrándolo a la propiedad de una sola vez o deduciéndolo de la cuantía que la sociedad pública deberá pagarle mensualmente por el arrendamiento.

Como contraprestación la Iglesia cobrará 5 euros por metro cuadrado útil de vivienda, 2 por trastero y 50 euros por unidades de garaje. Además Nasuvinsa deposita una cantidad equivalente a una mensualidad como fianza y asume los gastos de comunidad hasta un máximo de 50 euros, la tasa de basuras y la devolución del inmueble en buen estado

Aierdi ha destacado que Nasuvinsa incorporará estas viviendas cedidas, que contarán con una póliza de seguros, a la primera convocatoria del censo de solicitantes.

Por EH Bildu, Maiorga Ramírez ha defendido la necesidad de atender la demanda de vivienda social pero comparando los contratos entre la Iglesia y los particulares que ofrecen su vivienda a Nasuvinsa ha denunciado "un privilegio económico" ya que cobra desde el mes siguiente a formalizar la cesión de la vivienda y no desde que se firme el alquiler de la misma, y el precio del arrendamiento es "el máximo".

De esta manera la Iglesia, ha dicho, "cobra antes y cobra más y no sabemos si para la cesión de vivienda se le ha exigido el requisito de que haya demandantes. Tiene que estar henchida de gozo. Un negocio redondo" cuando con los grandes tenedores de vivienda vacía se podría actuar e incluso expropiar.

Para Navarra Suma, ha dicho Juan Luis Sánchez de Muniáin, "en la media en que sean convenios homologables con otros, nada que decir", salvo la duda de si estos convenios cumplen el interés de atender la demanda de vivienda social en alquiler "porque no casan las viviendas obtenidas con las zonas donde realmente hay una presión" para atender la demanda.

Arantza Biurrun, del PSN, ha considerado "insuficientes" las 13 viviendas ofrecidas por el Arzobispado, solo una en Pamplona, aunque "necesarias", y ha subrayado que a juicio de su grupo "no hay trato de favor" aunque "para un ejercicio de caridad la Iglesia no necesita un convenio", que en todo caso ha deseado que puede firmarse también con otras personas jurídicas.

Ana Ansa, de Geroa Bai, ha valorado un acuerdo que puede "marcar camino" y aumenta las viviendas para la bolsa de alquiler social cuando no hay suficientes y mucha vivienda vacía en Navarra necesita rehabilitación, por lo que ha entendido que este convenio, en el que no ha apreciado falta de igualdad, puede ser de interés ya que la Iglesia "tiene viviendas diseminadas por todo el territorio".

Marisa de Simón, de I-E, ha apuntado que son 13 viviendas que el Gobierno alquila "con anticipación, unos 6.000 euros al mes" y que permitirá a la Iglesia tener "unas viviendas rehabilitadas, "un trato de favor" si además son inmuebles inmatriculados, con lo que "estaríamos pagando por nuestro propio patrimonio".