- El fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez, expuso ayer en el Parlamento de Navarra que que el cambio legal sobre el sistema de tutelas de personas con discapacidad afecta a la Fiscalía en la medida que en 2020 se realizaron 316 diligencias preprocesales civiles para determinar si procede la modificación de la capacidad, si bien advirtió del "problema" que se avecina por la revisión en tres años de las ya existentes, en un número indeterminado pero que superaría las 6.000 que pasan por la rendición anual de cuentas. Se trata de personas incapacitadas judicialmente, que es necesario revisarlas para dejar sin efecto la modificación de la capacidad y para determinar si necesitan medidas de apoyo y en su caso qué tipo de medidas.
En cuanto a la jurisdicción penal, el fiscal constató la incapacidad judicial y policial para perseguir delitos relacionadas con las estafas por medios informáticos, que crecieron en gran medida el año pasado y dicha tendencia al alza se ha consolidado. Así pidió leyes internacionales que contribuyan a perseguir este problema y a que las empresas proveedoras sirvan información útil. Así, la dificultad que la ocultación de la autoría propicia la tecnología y, especialmente, la a menudo imposibilidad de recuperar el dinero estafado por afectar a la competencia judicial de otros países, es uno de los asuntos que "preocupa" en la labor de la Fiscalía. También habló de la "preocupante" incidencia del acoso que a través de estos medios se ejerce entre menores de 14 años, "al margen de la responsabilidad penal", y cuyo crecimiento ha atribuido al "precoz uso de ese tipo de tecnologías sin el control parental debido".
En cualquier caso, el "atípico" año 2020 está condicionado por la pandemia de la covid-19 y por las medidas restrictivas adoptadas para frenar los contagios, con un 11 % menos de procedimientos penales nuevos (se iniciaron 27.271), descenso que Sánchez ha ligado a la "lógica" derivada de los confinamientos, que inciden en la actividad delictiva, especialmente en el descenso de delitos contra la propiedad, lesiones o contra el tráfico. Todo ello afectó también a los juicios, ya que en 2020 se celebraron 2.887 frente a los 3.612 del año anterior, todo ello con sentencias que mantienen la proporción habitual del 80 % de carácter condenatorio. Por otro lado, el fiscal valoró la experiencia y posibilidad de celebrar juicios de manera telemática, pero ha lamentado la imposibilidad de que se generalicen por el sistema "no es compatible" con principios como el derecho a la defensa correcta, la presentación de las pruebas e incluso la efectiva identificación de los intervinientes.
"Preocupa la incidencia del acoso tecnológico entre menores de 14 años, que son inimputables"
Fiscal superior de Navarra
