- La investigación souflé impulsada por la Fiscalía General del Estado, que ha remitido una instrucción a todas las fiscalías autonómicas, incluida la de Navarra, no llegará a recopilar las denuncias de casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia que hayan prescrito y estén archivadas, bien por la muerte del victimario bien por los años transcurridos desde que ocurrieron los hechos hasta que son denunciados. La descafeinada acción del Ministerio Público se ha activado de manera paralela a la tramitación en la Mesa del Congreso para que se cree una comisión de investigación sobre estos hechos. Dicha iniciativa arranca de la implicación de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, pero el PSOE muestra dudas en cómo afrontarla. Los socialistas no quieren que se convierta en un espectáculo ni que los trabajos de la comisión sean contraproducentes y aunque no han aclarado su posición definitiva, que harán en los próximos días, son más proclives a que la pederastia de la Iglesia se investigue en una comisión independiente de expertos.

En cuanto al encargo que la Fiscalía ha encomendado por ejemplo a su órgano competente en Navarra, la acción queda muy lejos de que vaya a convertirse en una radiografía de esta lacra, a la que hasta ahora solo han puesto cifras los medios de comunicación que han investigado los hechos, como es el caso de El País.

Lo que pretende la Fiscalía General es elaborar una compilación de procedimientos penales (denuncias y querellas) que se encuentren ahora mismo en tramitación y, por tanto, que se encuentren vivos judicialmente. Es decir, traducido a la práctica, no existe ningún caso de abusos denunciado abierto en los juzgados navarros referido a las circunstancias y casuísticas que aquí se quieren investigar. Y la realidad es que al menos sí se han sucedido una veintena de denuncias en los dos últimos años en Navarra que pasaron a ser directamente archivadas por haber fallecido el denunciado o porque ya han transcurrido los años de prescripción.

Además, también quedan fuera de esta investigación aquellos casos que las propias órdenes religiosas han estudiado, analizado y resarcido por su cuenta a estudiantes que acudieron a dichas instancias.

En el oficio se explica que deben incluir una identificación detallada, como el número, la fecha o la fiscalía concreta que lleva el asunto. Y dice que han de recopilar todos los procedimientos, tanto "los incoados en sede judicial como fiscal" y que tengan por objeto "el esclarecimiento de denuncias o querellas por la supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa".