Una jueza navarra ya rechazó la primera petición de indemnización de una víctima de abusos en la Iglesia

No dio por probada la relación entre el daño al menor, con 11 años, en Reparadores de Puente, y su trastorno

08.02.2022 | 00:35
El demandante, J.C.S.M, en el momento de denunciar los hechos en este medio en 2019. Foto: Javier Bergasa

pamplona – La Justicia navarra ya se pronunció sobre la primera reclamación civil en concepto de daños y perjuicios como consecuencia de los abusos sexuales sufridos por un menor durante su etapa en un colegio religioso navarro. La titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona desestimó el año pasado en una sentencia la pretensión de J.C.S.M., pamplonés de 53 años, que, después de presentar una denuncia penal, activó también la jurisdicción civil para reclamar 181.702 euros, debido al daño psicologico que le habían causado los abusos sexuales que sufrió por parte del hermano Basilio García, encargado de la Enfermería en el colegio Padres Reparadores de Puente la Reina, donde el demandante fue alumno entre 1979 y 1982.

Este exalumno argumentaba que el daño sufrido había desembocado en un trastorno grave de la conducta que lo que le fue reconocida, ya de adulto, la situación de invalidez absoluta para todo trabajo. El fundamento de la demanda se basaba en el "incumplimiento flagrante de la obligación básica de proporcionar al menor un desarrollo integral de su personalidad". La jueza no cuestiona "la veracidad o verosimilitud del denunciante, que aportó como testigo el testimonio de otro alumno víctima del mismo religioso, sino que la resolución refiere que debido a las escasas pruebas que existen no entiendo que se puedan dar por probados estos abusos, por tanto sea con todos los respetos, en este caso no es posible dar por probado que el trastorno diagnosticado por el denunciante traigan causa de dicho hecho".

La misma respuesta alcanzó la juzgadora para decir que "no es posible", debido al déficit de pruebas, conocer si la dirección del centro escolar adoptó la diligencia debida para proteger la integridad sexual del demandante, si tuvieron conocimiento de los abusos y adoptaron medidas para proteger a los menores. Finalmente, sobre la existencia de daño a la víctima y la relación de causalidad entre el daño y el incumplimiento culposo del colegio, la jueza "tampoco puede dar por probado que los problemas psiquiátricos, agudizados por el consumo de drogas, tengan su origen en el abuso sexual que sufrió en el colegio".

en la enfermería La demanda que formalizó J.C.S.M. resumía que fue alumno de los Reparadores entre los 11 y los 14 años, en 6º, 7º y 8º de EGB entre 1979 y 1982. Cursó los estudios como interno y permanecía las 24 horas del día en el colegio, salvo en vacaciones o puentes largos. Durante el primer cuso, denunció que había sido agredido sexualmente en el colegio por uno de los miembros de la congregación, el hermano Basilio García, responsable de la Enfermería. Como relató en su día en DIARIO DE NOTICIAS, una noche se puso enfermo con fiebre y fue trasladado a la Enfermería, cuyo responsable cometió dos abusos sexuales sobre él. De dicha conducta, siguió en su denuncia, "fueron víctimas también otros menores y fue cometida no solo por quien abusó sino también por otros miembros de la congregación religiosa demandada, que tenían pleno conocimiento de dichas conductas a través del director del centro, Marcelino Carrera, que no adoptó ninguna medida para evitarlas". El demandante no informó entonces a sus padres de lo sucedido, lo comentó con otros menores, habiendo guardado posteriormente silencio durante toda su vida hasta que en el año 2019, a través de este periódico, decidió darlo a conocer públicamente, al mismo tiempo que otras víctimas. Luego, denunció los hechos en la Guardia Civil y en el Juzgado de Instrucción 2 de Pamplona, que decidió acordar el sobreseimiento libre por la prescripción del delito. En 2012 el demandante había renunciado a la fe católica.

Un excompañero del demandante en el colegio, Mikel Eziolatza, que también sufrió abusos en el centro, testificó en el juicio que "la época en la que se desarrollaron los hechos, ciertamente distinta en la forma de enseñar y relacionarse con los alumnos a la actual, hace que sea difícil para un niño como lo era entonces el actor conocer y ser consciente de lo sucedido y de lo que está bien y mal. Teniendo en cuenta que hablamos de un religioso del que se espera que te proteja, y no que no lo haga abusando sexualmente de ti, entonces un niño de 11 años. En definitiva, es razonable pensar que en ese momento el demandante no entendiese que había sido abusado sexualmente por el sacerdote". A raíz de aquellos hechos, al igual que los abusos que sufrió Eziolatza, los menores adoptaron una actitud de rebeldía en el centro, con intentos de huir del mismo y pidiendo explicaciones, y al curso siguiente el hermano Basilio fue trasladado, algo que el colegio considera que es una práctica habitual. Eziolatza sí que declaró que los abusos que él sufrió se los manifestó abiertamente al director, sin que actuara de ningún modo.

Sin embargo, la Orden de los Reparadores, a través de su Superior Provincial, José Luis Munilla, afirmó en la vista que el colegio nunca tuvo conocimiento de dichos abusos y que tras realizar una investigación interna, "no encontraron pruebas, ni siquiera indiciarias, de la certeza de los mismos". Ante tal conclusión, decía que la institución "no puede dar por ciertos los hechos que no han sido probados y mucho menos reconocerlos y pagar una indemnización".

LOS DETALLES

1979-1982. El demandante cursó estudios en los Padres Reparadores de Puente la Reina entre los 11 y los 14 años, cuando cursaba de 6º a 8º de EGB. Fue interno en el colegio y, por lo tanto, no regresaba a casa hasta vacaciones.

Curso 1979-1980, víctima de abusos. Narra que en el primer curso, al tener una noche fiebre, fue trasladado a la Enfermería del centro donde sufrió dos episodios de abusos estando dormido por parte del hermano Basilio García, que era el encargado de la Enfermería. A este religioso también le acusan otros dos exalumnos.

En 1993 fue diagnosticado de trastorno de personalidad.

En 2012 el demandante renunció a la fe católica.

En abril de 2019 lo cuenta por primera vez en DIARIO DE NOTICIAS. Luego denuncia en la Guardia Civil y presenta una denuncia penal en el juzgado que fue archivada por prescrita.

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