Piden hasta 89 años de cárcel para los jefes de una red de trata y prostitución en Navarra

La Fiscalía les acusa de explotar y obligar a prostituirse a mujeres paraguayas en Zizur y otros tres casas de citas - El juicio empieza el jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra

22.02.2021 | 13:06
Imagen del Palacio de Justicia de Pamplona.

La Fiscalía pedirá este jueves en la primera de las tres sesiones de la que consta el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra contra una red de cinco acusados de trata y prostitución de mujeres paraguayas en Navarra hasta 89 años de cárcel para los jefes de dicha trama, a los que acusa de nueve delitos de trata en concurso medial con delitos de inmigración ilegal (siete años por cada uno), otros tantos de prostitución coactiva (tres años), así como delitos de pertenencia a grupo criminal (tres años) y de blanqueo de capitales (tres años).

Según el escrito de acusación, la pareja formada por los acusados F.S.G.S. y M.R.B.C., vienen explotando desde 2008 varias casas de citas en Zizur, Vitoria, Santander y Erandio (Bizkaia) en las que se obliga a ejercer la prostitución a diversas jóvenes paraguayas. Actuaban en connivencia con súbditos paraguayos y captaban a chicas de los estratos sociales más bajos de la población de Caaguazú.

Aprovechando su situación de precariedad, les ofrecían un trabajo en España bien de camareras o bien para trabajar directamente en la prostitución sin conocimiento de las condiciones de explotación en las que iban a realizar la actividad. Les facilitaban el viaje para que se hicieran pasar por turistas para lo que les daban billetes de ida y vuelta, reserva en algún hotel, y una cantidad de dinero para facilitar su entrada al país. De esta forma contraían una deuda con los captadores -según el escrito de Fiscalía- nada más iniciasen la actividad de prostitución, de forma que no cobraban nada hasta saldar la deuda que oscilaba entre los 4.500 y los 5.000 euros.

En esta labor de captación participaba otra de las acusadas, A.B.V.T., que ejercía labores de encargada del local de Zizur al menos desde 2010 y contactó con varias captadoras para traer alguna mujer constando haber hecho varios envíos de dinero correspondiente a la deuda contraída por alguna de las mujeres que ya estaban en Pamplona, envíos que también de acuerdo con ella realizó su marido, L.I.C.G., quien según el Ministerio Público aun a sabiendas de la forma en que venían las mujeres y la deuda que tenían que pagar, realizó de acuerdo con su mujer envíos realizados entre noviembre de 2011 y octubre de 2012 a varios captadores.

Una vez que las mujeres llegaban a los respectivos chalets se les decía las normas en las que se tenía que ejercer la prostitución, por el trabajo realizado cobrarían el 50% de los servicios sexuales y además al llegar a la casa se les ponía en conocimiento de la totalidad de la deuda contraída que deberían pagar primero, no cobrando nada hasta saldarla, era obligatorio además prestar todo tipo de servicios y trabajaban todos los días de la semana aun cuando se encontraban enfermas. Tampoco la red les dejaban que tuvieran teléfono móvil y todo ello "se veían obligadas a realizarlo dado que su situación era de estancia irregular en España, no conocían a nadie en el país e incluso habían hipotecado sus casas y tenían familiares en su país a quienes podía pasarles algo de no devolver la deuda".

Dicho control del funcionamiento de los chalets de alterne por parte del acusado F.G.S. comprende la constante supervisión del dinero que obtienen de los servicios sexuales realizados por las mujeres que se encuentran explotadas".

La Fiscalía concluye que dicha actividad, entre 2009 y 2013, permitió a los principales acusados obtener cuantiosas cantidades de dinero que con la finalidad de darles apariencia de legalidad se diversificaban en las distintas empresas que habían creado. Los ingresos cuantificados superan el montante de 1,7 millones de euros que se han disgregado en cuantas bancarias de las sociedades del grupo con el fin de dificultar su seguimiento y control, ocultando su origen y dando apariencia de licitud a los fondos obtenidos.