- Desde hace varios años, las redes sociales se han convertido en un campo minado en el que grupos de intransigentes vierten ingentes toneladas de odio y miles de ataques furibundos contra quienes no actúan bajo sus premisas. Colectivos como el de los cazadores, los taurinos o los ganaderos han sido los principales receptores de campañas henchidas de graves insultos y sustentadas habitualmente en las mentiras que suele emplear el animalismo más extremista para defender sus postulados.

Navarra, además de formar parte también del radio de acción de estos asaltos cometidos en la oscuridad del anonimato, ha sido víctima de ataques y sabotajes en diversos enclaves de su geografía, algunos de ellos con riesgo elevado de haber conllevado consecuencias muy desafortunadas. Los destrozos en puestos de caza y palomeras en puntos como Andosilla, Peralta, Quinto Real o Añorbe sirven después como munición para estos individuos en las redes sociales, donde se jactan de cometer estas tropelías para continuar con sus ofensas contra quienes, precisamente, más trabajan por conseguir una evolución sostenible del medioambiente.

Para tratar de poner coto a estas cobardes acometidas, la Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC) ha lanzado una campaña que busca lograr que los partidos políticos tomen conciencia de la situación que viven los cazadores y de la presión que han de soportar a diario en las redes sociales. Para la entidad, resulta crucial que se abra el debate sobre la regulación de estos delitos de odio.

En la base de su iniciativa se sitúa un memorando realizado por su departamento jurídico a finales del 2019 y que lleva por título Una propuesta de reformar los delitos de odio: la necesidad de proteger al colectivo de cazadores español. Con este documento, la ONC analiza la problemática detectada los últimos años y remarca la dificultad de encajarla en la legislación actual. Por ello, se reclama una reforma del Código Penal en la que tengan cabida los comportamientos en internet de los más intolerantes.

El desamparo de los miembros del sector cinegético en las redes sociales está siendo aprovechado cada vez más para lanzar onerosos insultos contra los cazadores y sus familias, que se ven indefensos debido al anonimato en el que se esconden quienes emplean las redes sociales como un caladero en el que ganar fuerza para sus posiciones más excesivas, mientras minan la labor, legal y regulada, de los cazadores.

"Los nuevos tiempos han traído nuevos delitos y nuevas formas de agredir y de atacar la propiedad, la intimidad y, cómo no, la libertad, el honor y la dignidad de los demás. Es evidente que han surgido otros tipos de delincuencia y que, por tanto, es necesario adaptar la respuesta social para adecuarla a la realidad", explica la ONC, para la que no cabe ninguna duda de que las formaciones políticas deben dedicar esfuerzos en proteger a colectivos vulnerables que están siendo desde hace años la diana de ataques gratuitos.

No solo se refiere al ámbito cinegético, sino que pescadores, toreros, ganaderos y todos aquellos que trabajan con animales están siendo víctimas de estas persecuciones a través de las redes sociales. "Hay una necesidad real de frenar el discurso del odio, ya que no se puede dejar sin amparo legal a quienes ven atacada su libertad individual por practicar una actividad que es legal, legítima y necesaria", subraya.

Una vez analizada la coyuntura del problema, desde la ONC reclaman reformar de manera urgente el ordenamiento jurídico y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de formación y medios materiales y humanos adecuados para la persecución eficaz de este tipo de delincuencia y violencia en internet. Más en concreto, ciñen su enfoque en el artículo 510 del Código Penal, del que indican que "por razones técnicas e incluso de política criminal y proporcionalidad, es un tipo penal inaplicable a las ofensas a los cazadores en las redes sociales".

A su juicio, este artículo no prevé la protección de los citados colectivos y, además, cuenta con unas penas mínimas muy elevadas que, al final, acaban conllevando que los jueces y fiscales sean reticentes a aplicarlas en los vertidos de odio difundidos en internet. Hace falta, según esta organización, incluir a cazadores, toreros, taurinos y demás personas relacionadas con los animales entre los grupos protegidos por este artículo frente al discurso del odio, y establecer un subtipo penal con penas inferiores, tales como multas, prisión de hasta seis meses o cualquier otra de una intensidad atenuada prevista en el reglamento.

"Una reforma sensata, ponderada, equilibrada y racional del Código Penal contribuiría a la convivencia, al respeto y a la defensa por el Estado de los derechos de una mayoría que actualmente se encuentra desguarnecida", destaca la ONC, que añade que esta modificación "prevendría y frenaría en parte la situación que se vive en las redes". En palabras del presidente de este organismo, Felipe Vegue, "este país no se debe convertir en un gallinero, sino que entre minorías y grupos heterogéneos nos debemos respeto".