Como paso previo a la futura modificación de la Ley de Caza y Pesca de Navarra, la Federación Navarra de Caza (FNC) fue convocada el pasado 17 de marzo en la ponencia para el estudio y análisis de la legislación de caza y pesca, que se ha constituido en el seno de la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Cámara foral.La entidad, como máximo exponente del colectivo cinegético navarro y liderada por su presidente, José Ángel Remírez, invitó a una comisión de expertos referentes en la materia. La integraron Christian Gortázar, doctor en Veterinaria, catedrático y responsable del Grupo de Investigación y Biotecnología del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC); Aitor Merino, ingeniero forestal especialista en gestión y ordenación cinegética; Nicolás Urbani, veterinario y asesor técnico de la Real Federación Española de Caza; y Albert Ituren, doctor en Derecho y profesor universitario de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia.

Los expertos abordaron de forma multidisciplinar, multisectorial y con experiencias internacionales los diferentes aspectos (veterinarios, de medioambiente, legales, biológicos…) que ha de tener en cuenta la actualización de una ley que data de hace más de 15 años. Según la FNC, en Navarra se integra un ecosistema agrosilvopastoral en el que la acción humana resulta esencial para su autorregulación. Por tanto, la agricultura, la ganadería o los aprovechamientos forestales o de caza son claves y hay que asumirlos e implementarlos para una correcta transición ecológica y la superación del reto demográfico del siglo XXI. En este sentido, el Consejo de Europa ya indicó en el 2007 que “la caza es un recurso natural renovable, susceptible de un aprovechamiento sostenible, con el cual se atiende a legítimas necesidades humanas y se contribuye a la conservación de la diversidad biológica”.

La caza, además, no es ajena a los cambios de un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, por lo que, incluso, desde las autoridades europeas se está exigiendo al colectivo cinegético que intensifique el control poblacional de especies como el jabalí, debido a sus implicaciones sanitarias, agrarias, ambientales o de seguridad ciudadana.

Con estas bases, la FNC considera que el Gobierno de Navarra tiene ante sí la oportunidad de desarrollar una nueva ley de caza pionera en recoger un marco normativo adaptado a la realidad de la coyuntura cinegética, y convertirse en un referente nacional y europeo. Para ello, se estima necesario reconocer a la federación como una entidad indispensable para solventar en la Comunidad foral todos estos nuevos retos globales.

El eslabón esencial en esta cadena es que todo cazador navarro esté federado, es decir, con la garantía igualitaria de que la caza fuera practicada por cazadores asegurados (ante cualquier responsabilidad derivada de las actividades excepcionales de control, que cada día son más necesarias); formados (en legislación, gestión, sanidad y bienestar animal…); asesorados por técnicos cualificados y especializados (ingenieros de montes, agrónomos, veterinarios, biólogos, juristas, etc.); y coordinados en toda la geografía navarra a través de sociedades y clubes deportivos federados.

Solo hay que fijarse en las normativas autonómicas más recientes de otras regiones (como Aragón o Extremadura) para asimilar que la mayoría de los cotos deben ser deportivos (actualmente, el 84% en Navarra es de propiedad municipal) por su aprovechamiento lúdico y sin lucro. De hecho, sus ingresos revertirían directamente en medidas locales de gestión adaptativa (en fomento de la conservación de la biodiversidad, del control cinegético de potenciales daños de especies de caza, etc.). Es muy importante que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra sea permeable a estas propuestas y colaboraciones de la FNC.

El presidente federativo, José Ángel Remírez, destacó en el Parlamento foral que “la FNC está preparada para asumir el compromiso de ser cada día más útil a la sociedad y, en colaboración con la Administración, seguir trabajando y preparando nuevas medidas para afrontar y evitar los problemas derivados del despoblamiento”. No solo eso, sino también “ejercer el papel de agente controlador de las poblaciones cinegéticas para evitar superpoblaciones, daños a la agricultura, accidentes de tráfico, expansión de enfermedades y afecciones a la biodiversidad”.

“Pedimos que, de forma pionera en el cuerpo legislativo nacional, se reconozca el papel esencial de la caza y que, entre todos, construyamos una ley sin ideologías que salvaguarde nuestro medioambiente, que favorezca a los cazadores y que, en definitiva, sea una norma verde que proteja la sostenibilidad de las especies, potencie la economía circular en el ámbito rural y evite el cambio climático”, pronunció ante los parlamentarios.