El pasado 9 de junio, el Parlamento de Navarra aprobó la modificación de la Ley Foral 18/2022, del 13 de junio, de modificación parcial de la Ley Foral 19/2019, del 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra, excluyendo del ámbito de aplicación de la norma a los animales empleados en la actividad cinegética, además de a aquellos auxiliares o con función social o deportiva. Fue el logro de un trabajo arduo y largo de la Federación Navarra de Caza (FNC), que luchó durante muchos meses para que la Cámara foral se diera cuenta y reconociera que la realidad de los animales que participan en la caza es completamente diferente a la de una mascota.

Ahora, tres meses después, el PSOE ha argumentado parte de su justificación en la modificación ejecutada en Navarra, para elaborar la enmienda que ha presentado esta semana en el Congreso de los Diputados a la Ley de Derechos de los Animales. De este modo, los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza quedarían excluidos también a nivel nacional del proyecto de la citada ley. La formación socialista ha cumplido así el anuncio que realizó el 8 de septiembre su portavoz, Patxi López, e intenta evitar una distorsión en la aplicación de la normativa foral.

Aunque se trata de un éxito para el colectivo cinegético, la Real Federación Española de Caza (RFEC) está analizando los términos concretos de su enmienda para comprobar que se ajusta a lo exigido por el sector. De hecho, ha reclamado prudencia, ya que la tramitación continúa abierta. El camino no ha finalizado, debido a que la enmienda no excluye del ámbito de aplicación del proyecto “la actividad cinegética reglada”, como sí ocurre actualmente en Navarra, gracias a los esfuerzos de la FNC y al respaldo de sus cazadores, que se manifestaron frente al Parlamento para reclamar a los políticos que asimilaran que la norma impedía la realización de diversas modalidades de caza y, con ellas, todos los grandes beneficios que aportan tanto al medio ambiente como a las regiones rurales y sus habitantes, así como a la reducción de accidentes de tráfico o al control de la expansión de enfermedades animales.

Tras conseguir la modificación de la ley foral, la FCN mostró su satisfacción y recordó que los animales de caza ya estaban regulados por la propia normativa de caza. No obstante, remarcó que aún había trabajo por delante, ya que salieron adelante cuatro de las cinco propuestas que se habían planteado, al quedarse fuera la referente a los hurones de caza. Un hecho que, según consideró la entidad, generará dificultades a corto plazo, debido a que se trata de una pieza clave para controlar la población de conejos y limitar los daños en la agricultura. En ese instante, desde el organismo ya se deseó que lo logrado en Navarra sirviera como precedente para la legislación que se estaba tramitando en España.

Dicho y hecho. No obstante, en el ámbito nacional, la RFEC sigue trabajando con todos los grupos parlamentarios del Congreso, en su propósito de frenar el proyecto de la Ley de los Derechos de los Animales, impulsada sin consenso alguno por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, regido por la navarra Ione Belarra, de Unidas Podemos. Uno de los objetivos que se busca es, precisamente, el de lograr que la actividad cinegética se excluya por completo del texto legal, al igual que en Navarra. En este sentido, el organismo federado nacional ha agradecido la sensibilidad que han mostrado la mayoría de los grupos parlamentarios hacia un sector fundamental a nivel económico, social, cultural y medioambiental.

Para que la presión no decaiga, la RFEC ha animado a todas las federaciones autonómicas de caza y a la marea naranja de cazadores que el pasado 20 de marzo inundó las calles del centro de Madrid, a que continúen trabajando contra un proyecto de ley que ha sido gestado únicamente para imponer las tesis y la ideología animalista a toda la sociedad, con la finalidad principal de acabar con la caza.

El anuncio de Patxi López del 8 de septiembre fue solo el primer paso para que el PSOE rectificara públicamente, después de no cumplir su compromiso con el sector cinegético para excluir a la caza del proyecto de ley aprobado el 1 de agosto. Y ese movimiento del partido liderado por Pedro Sánchez llegó a consecuencia del arduo trabajo y la presión de la RFEC y el conjunto de sus federaciones autonómicas, que incluso se prepararon para regresar a las calles si no se atendían sus demandas. Entre ellas, la de que el PSOE cumpliera enteramente su promesa y sacara de la ley a todos los perros de caza, rehalas, aves de cetrería y animales auxiliares, así como a los que se emplean en actividades deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes.

Desde que se aprobara el proyecto de Ley de Derechos de los Animales en el Consejo de Ministros, la RFEC y el resto de las federaciones autonómicas crearon una comisión, en la que se elaboró una hoja de ruta contra un texto que sería letal para la actividad desarrollada por los cazadores. Fruto de esa intensa labor, en la que se preveían nuevas acciones reivindicativas a pie de calle de la marea naranja, el colectivo cinegético se convirtió en un importante agente social, que consiguió modificar el planteamiento del principal partido del Gobierno con respecto a la ley.

“Comportamientos radicales”

Tras conocer el último movimiento del PSOE, el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, ha esgrimido que “ahora sabemos lo que se escondía detrás de la mal llamada Ley de Derechos de los Animales. No se trataba de regular el bienestar de los animales de compañía, sino que esa era la excusa para intentar acabar con la actividad cinegética en nuestro país”.

A su juicio, las “manifestaciones furibundas” de los dirigentes de Unidas Podemos atestiguan esa realidad. “Hablan de escopetazos, de colgar, de cal viva… Un lenguaje malvado y perverso, inadmisible en gente que cobra del erario, de nuestros impuestos, y se supone que para defender los intereses de la ciudadanía”, expone, al tiempo que lo identifica como un mensaje únicamente lanzado para “criminalizar a una parte de la población española y generar odio a otra parte”.

“Los comportamientos radicales no son aceptables –sostiene-, ni deben formar parte de la gestión pública”. “Aprovechar que se está en una posición que te permite legislar no puede convertirse en la oportunidad para imponer por la fuerza una ideología que una parte muy importante del mundo rural y de la ciudadanía de este país no comparte”, concluye.