Han sido meses de intensísimo trabajo, de continuas reuniones con los grupos parlamentarios y de una presión constante tanto en el Gobierno central como en los ejecutivos regionales, pero el esfuerzo de la Real Federación Española de Caza (RFEC) y de sus respectivos organismos autonómicos ha resultado exitoso, y los animales que participan en actividades cinegéticas (perros, rehalas y animales auxiliares de caza) estarán excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados.

Sin duda alguna, se trata de un triunfo del sector cinegético, que ha sido posible gracias a la acción de las federaciones de caza y también de las otras entidades deportivas españolas en las que participan animales, que apoyaron el impulso que partía desde la RFEC para hacer entrar en razón al PSOE y que sus parlamentarios entendieran la realidad de la caza, sus relevantes funciones en la naturaleza, los beneficios que aporta tanto a los hábitats como a la sociedad, y su papel primordial en las zonas rurales del país.

Del mismo modo, este éxito político constituye un triunfo frente al movimiento animalista más fanático, que, desde su seno en la formación de Unidas Podemos, había intentado socavar la imagen de la caza como actividad esencial, minimizando las acciones que realizan los cazadores en los montes y campos para controlar las poblaciones cinegéticas y, con ello, luchar contra otras problemáticas, como los accidentes de tráfico por atropellos a animales, la expansión de enfermedades que tendrían un gran impacto en la ganadería, los daños en la agricultura provocados por animales cinegéticos, o los desequilibrios ambientales y sobre la biodiversidad ocasionados por las sobrepoblaciones de algunas especies.

El jueves 22 de diciembre, se consumó esta excepción en la normativa, que tuvo lugar durante el período de votación de las enmiendas y el dictamen de la norma ejecutado en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Allí quedó aprobada la enmienda del PSOE, en la que se establece que los animales empleados en la caza, en el deporte federado y aquellos utilizados en otras actividades específicas quedarán fuera de la ciada ley. La votación se saldó con 28 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.

Es importante reseñar, en este sentido, que la mencionada enmienda socialista se basó en la modificación que el Parlamento de Navarra realizó el pasado mes de junio de la Ley Foral de Protección de los Animales de Compañía de Navarra. Debido a, como ha ocurrido ahora en el ámbito nacional, un denodado esfuerzo de la Federación Navarra de Caza, la Cámara foral excluyó del ámbito de aplicación de la norma a la actividad cinegética.

Este reconocimiento político de que la realidad de los animales que participan en la caza es completamente diferente a la de una mascota lleva también implícita otra tesitura, esta vez referente a la normativa, ya que los animales usados en la actividad cinegética se encuentran regulados por la propia normativa de caza, por lo que no precisan de ningún ordenamiento jurídico más.

En la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, cerca de un 80% de sus miembros (los correspondientes al PSOE, PP, Vox, Ciudadanos, PNV y otros grupos) votó favorablemente a la enmienda socialista, apoyando la exclusión de los animales que tienen actividades específicas. Se entendió que la aprobación de la norma interferiría en el correcto desarrollo de estas actividades, tal y como llevaba denunciando durante meses la RFEC, que ha trabajado con todos los grupos parlamentarios desde el comienzo de su tramitación, intensificando las negociaciones desde que el Consejo de Ministros aprobara el texto el 1 de agosto.

Concretamente, el texto de la enmienda dice que quedarán fuera de la norma “los animales utilizados en actividades específicas (las deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda del ganado), así como los utilizados en actividades profesionales (dedicados a una actividad o cometido concreto, realizado conjuntamente con su responsable en un entorno profesional o laboral, como los perros de rescate, los animales de compañía utilizados en intervenciones asistidas o los animales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas)”. El documento indica asimismo que “quedarán excluidos los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza, que se regulan y quedarán protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondiente, y que les sea de aplicación al margen de esta ley”.

Una vez que se votaron las enmiendas, el dictamen de la comisión salió adelante, por lo que la norma irá al Pleno del Congreso de los Diputados para continuar con su tramitación. El presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, reconoció que “aunque hay posibilidades de mejorar todavía el texto, supone un avance sustancial el reconocimiento de que los perros que se dedican a actividades específicas no son mascotas”. “La prueba ha sido este debate en la comisión y, por ello, seguiremos trabajando por el beneficio de la actividad cinegética y en defensa del mundo rural”, subrayó. En la misma línea, mostró su satisfacción por comprobar cómo los partidos políticos que votaron a favor de la enmienda cumplieron su compromiso con la federación y con la actividad cinegética.

A pesar de la victoria en este frente, todavía queda mucho trabajo por hacer para el sector cinegético, ya que la tramitación de la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, que se debatió y votó también el día 22 en la misma comisión, continúa adelante, al igual que la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, al aprobarse el dictamen. Se trata de un texto profundamente lesivo, contra el que se ha posicionado hasta el propio Consejo General del Poder Judicial. Desde la RFEC y las federaciones autonómicas, se seguirá trabajando con todos los grupos parlamentarios, con el propósito de evitar que esta reforma del Código Penal afecte negativamente a la caza, al mundo rural y, en definitiva, al conjunto de la sociedad.