La debacle financiera desencadenada en 2008, tras la caída de Lehman Brothers, se llevó por delante a todo el sector bancario islandés. El Gobierno de Reikiavik se hizo entonces cargo y garantizó los depósitos de los ahorradores, pero solo los de sus ciudadanos y no los de miles de extranjeros -especialmente británicos y holandeses- que habían invertido su dinero a través de Internet en el Icesave, una filial del Landsbankinn, una de las tres entidades nacionalizadas tras la crisis. El caso llegó a los juzgados y ayer el Tribunal de la asociación europea de libre comercio (EFTA), con sede en Luxemburgo, zanjó el enfrentamiento. Los jueces dan la razón a Islandia al considerar que no hubo violación de las reglas y que el país no está obligado a cubrir pérdidas.

De hecho, ante la negativa de Islandia tanto Londres como La Haya decidieron compensar a sus propios ciudadanos. El caso, no obstante, generó ríos de acusaciones y mucha tensión entre las tres capitales hasta el punto de que el Gobierno islandés llegó a convocar varios referéndums -en 2010 y 2011- para que sus ciudadanos se pronunciaran sobre si compensar o no a los extranjeros. Los islandeses se negaron en ambas ocasiones a asumir la deuda lo que enfadó a Londres, hasta el punto de aplicar la ley antiterrorista y congelar las cuentas corrientes de ciudadanos y empresas islandesas en Reino Unido.

La autoridad de vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio terminó denunciando al ejecutivo islandés por violar la directiva europea sobre garantía de depósitos, que obligaba por aquel entonces a garantizar un mínimo de 20.000 euros por ahorrador (ahora el montante se eleva a 100.000 euros). La sentencia de ayer supone un duro varapalo para la Unión Europea. Los jueces dictaminan que las autoridades islandesas no tienen que compensar a los clientes holandeses y británicos porque la normativa no se aplica en caso de "una crisis sistémica de la magnitud experimentada en Islandia".

Además, el veredicto subraya que no hubo discriminación en el trato a los clientes extranjeros cuando el Gobierno decidió salvar a sus propios ahorradores transfiriendo los activos del banco quebrado a una nueva entidad sin llegar a recurrir al fondo de garantía y concluye que la normativa europea no obliga a los gobiernos a cubrir los depósitos cuando el fondo de garantía no dispone de recursos suficientes para hacerlo.

El Gobierno de Reikiavik acogió ayer con satisfacción el desenlace y garantizó que independientemente del veredicto, Islandia seguirá pagando la deuda del quebrado Landsbankinn. "Las reclamaciones del Icesave serán totalmente pagadas", aseguraron a través de un comunicado de prensa en el que cifran en algo más de 7.600 millones de euros el valor de las reclamaciones presentadas de las cuales 6.700 millones corresponden a depósitos del Icesave. La cantidad ya abonada, según el Gobierno, supone más del 90% del montante avanzado por las autoridades británicas y holandesas para cubrir el mínimo de los depósitos. La CE respondió ayer que mantiene su interpretación de la directiva, es decir, que la legislación sí se aplica a crisis sistémicas. La sentencia es definitiva.