PAMPLONA. El conflicto jurídico-sindical que comenzó en 2010 cuando Gamesa anunció el cierre de su planta de Alsasua ha finalizado con el cobro de la indemnización aprobada por el Juzgado de lo Social número 3 de Navarra.
Así lo indica ELA en un comunicado en el que reitera que el cierre de esa planta "no descansaba sobre ninguna base lógica, ni organizativa, ni económica, ni productiva".
Eso fue lo que llevó a establecer una estrategia para intentar mantener la planta abierta y con ello el mantenimiento de más de 130 puestos de trabajo, con un 50 % de empleo femenino.
Sin embargo, añade que el "modo de actuar de Gamesa, del Gobierno de Navarra, del Ministerio de Trabajo y el de los sindicatos UGT y CCOO impidieron que la pelea sindical de la plantilla pudiera garantizar el mantenimiento de la planta".
Desde entonces los servicios jurídicos de ELA han logrado que en primera instancia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de lo Contencioso Administrativo y posteriormente el Tribunal Supremo en noviembre de 2015 declararan nulo de pleno derecho el cierre de Gamesa y censuraran explícitamente a sus responsables.
Como consecuencia de esto, según indica el sindicato, Gamesa ha tenido que pagar a los trabajadores que han demandado la improcedencia computando todos sus años de servicios desde el primer día de su ingreso en la empresa, como si nunca hubiere existido el ERE anulado doblando las cuantías que cobraron en 2010.
Por todo ello concluye mostrando su satisfacción, ya que, según subraya, se ha demostrado que pese a las reformas laborales organizarse y pelear por los derechos y el futuro "merece la pena".
