madrid - Equiparar las condiciones laborales de las 407.677 empleadas del hogar con las del resto de trabajadores es el reto que afronta el próximo gobierno, que deberá encontrar antes de 2021 una solución para el principal problema, implementar su protección por desempleo.

Terminar con la precariedad laboral de las empleadas del hogar, único régimen que no disfruta de una protección por desempleo, entre otras cosas, es uno de los caballos de batalla de los sindicatos, que denuncian además los agravios contra un colectivo compuesto en un 95% por mujeres y, en su mayoría, inmigrantes.

Desde que se creó en 2012, el sistema especial de empleadas del hogar sigue teniendo características propias que lo diferencian del Régimen General, con el que debía haberse equiparado plenamente el 1 de enero de 2019.

No obstante y ante la falta de avances realizados, los presupuestos generales del Estado de 2018 recogían una enmienda del PP con la que se ampliaba a 2023 el plazo para su equiparación total, si bien el actual Gobierno recortó posteriormente a 2021 el periodo transitorio.

En la actualidad, el sistema especial de empleados del hogar cuenta con un tipo de cotización por contingencias comunes del 28,3% (el 23,6% a cargo del empleador y el 4,7%, del empleado) y con uno por contingencias profesionales del 1,5%, exclusivamente del empleador.

Su equiparación con el régimen general implicaría, además de la obligación de cotizar por desempleo (al 7,05%, de los que el 5,5% son a cargo del empleador y el 1,55% del empleado), también por el Fogasa (0,2% a cargo del empleador) y por formación profesional (0,7%, de los que el 0,6% son costeados por el empleador y el 0,1% por el trabajador).

Asimismo, una vez entre en vigor, la cotización a la Seguridad Social se llevará a cabo en función de los ingresos reales del trabajador y no teniendo en cuenta unos tramos salariales, como en la actualidad. - Efe