madrid - La factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis y que actualmente gestiona el Ministerio de Fomento no podrá superar los 3.305 millones de euros. Así se establece en la fórmula para calcular este importe que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros en abril y ayer publicaba el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este importe máximo no necesariamente tiene que coincidir con el que finalmente calcule el Gobierno y, de hecho, supera al de unos 2.000 millones de euros estimados por los dos últimos Ejecutivos. No obstante, está por debajo de los 5.000 millones que calcula el sector y los fondos que se quedaron con la deuda de las autopistas.
El cálculo y abono de este monto será uno de los principales asuntos que encontrará el nuevo Gobierno, toda vez que el nuevo plazo para abordarlo es el próximo mes de julio, tras vencer en enero el plazo inicial.
Este importe es la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), lo que, por contrato, el Estado debe pagar a las empresas que construyeron y explotaban las autopistas hasta su quiebra por las inversiones que realizaron en su construcción.
El Gobierno saliente, ante la complejidad que supone su cálculo, se propuso comenzar esta tarea con el diseño de los principales aspectos a tener en cuenta y un sistema de cómputo. Estos pasos y criterios son los que se fijan en esta fórmula de cálculo que publica el BOE, que además desvela que todas las autopistas tienen dicho un tope máximo de RPA.
En virtud de este sistema de cálculo, el Gobierno establece que la factura a pagar será el “valor patrimonial de las obras realizadas y que no hayan sido amortizadas y de las expropiaciones que se hayan abonado”. - E.P.
