Los sindicatos ayudan a tramitar cientos de jubilaciones ante el colapso de la Seguridad Social

“Todos los días nos viene gente que no logra cita en la Seguridad Social. Y no parece que el problema se esté solucionando”, explica Alfredo Sanz, responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Navarra, sindicato que en los últimos meses está tramitando solicitudes de jubilación para afiliados que acceden al retiro e incluso para no afiliados. Las reducciones de aforo en las oficinas, con una parte relevante de la plantilla todavía en situación de teletrabajo y el bajo número de citas que se conceden cada día están generando un embudo que ya se desborda. Si a comienzos de verano a los empleados de la Seguridad Social se les acumulaban en torno a 1.000 solicitudes pendientes, a finales de agosto esta cifra prácticamente se había duplicado.

“Esto está generando que las solicitudes se resuelvan cada vez más tarde y algunas personas han pasado ya dos meses sin cobrar. Una vez que te jubilas, la empresa ya no te paga y, si la solicitud no se resuelve, se convierte en un problema. No todo el mundo tiene un colchón para aguantar este tiempo”, explica Alfredo Sanz, quien recuerda que esto “no es culpa de los trabajadores de la Seguridad Social”, sino de una plantilla escasa y de una cicatera política de contrataciones: no se ha aprovechado el verano para ir solventando un problema administrativo que ya se intuía al finales de la pasada primavera.

El primer problema con el que se encuentra el ciudadano que quiere jubilarse es la solicitud de una cita previa. Hay que hacerlo a través de internet. “Pero hay que tener en cuenta que muchas de las personas que van a jubilarse no están especialmente familiarizadas con la tecnología”, señala Izai Bujanda, responsable del área de Pamplona de ELA, que también está recibiendo consultas de afiliados en vías de jubilarse. “Además, resulta bastante complicado lograr una cita. Las plazas se llenan con rapidez y a mucha gente la están enviando desde Pamplona a las oficinas de Estella o incluso Tudela”, explica Alfredo Sanz.

Para paliar la situación, la Seguridad Social ha puesto a disposición de los ciudadanos un teléfono 901 que es de pago. Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), una llamada media de cinco minutos cuesta 0,28 céntimos si es desde un teléfono fijo; 1,80 euros si la llamada se realiza desde un móvil,

Desde CSIF, uno de los principales sindicatos de la Administración Pública Estatal, la explicación al colapso hay que buscarla en la carencia estructural de efectivos, que se ha agravado ante la avalancha de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, que superan las 900.000 en todo el Estado. Una digitalización incompleta y una plantilla que ha mermado en cerca de un 20% en la última década añaden elementos para entender la actual situación.

Junto a todo ello, hay que tener en cuenta el perfil de edad de la plantilla de la Seguridad Social, con cerca de un 40% de empleados al borde o superando los 60 años, por lo que pueden ser considerados como grupo de riesgo. Esto hace que una parte de la plantilla se encuentre trabajando desde casa, sin un acceso completo a los medios de trabajo y, sobre todo, sin poder atender de forma presencial a la ciudadanía. “Ya hemos trasladado a la Seguridad Social que esto no puede seguir así”, explica Marisol Vicente, de UGT.

Gestión. Los asesores laborales y profesionales de recursos humanos llevan semanas protestando por la repercusión que en sus trabajos está teniendo la forma de actuar de las administraciones públicas en respuesta a la crisis del coronavirus. A través de la plataforma #SosLaboral critican que desde la declaración del estado de alarma se han visto obligados a llevar a cabo “muchas más tareas que corresponden a la Administración”. “Basta ya que la Administración no tenga unificación de criterios, que nos utilicen como funcionarios pagados por nuestros clientes, basta ya de publicar normativas los fines de semana”, señalan.