No hace ni una semana que el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, informó en el pleno del Parlamento de que antes de final de año se iba a elegir la opción de canal para llevar agua a la Ribera. Con celeridad, Canasa, gestora de esta infraestructura, compuesta en un 60% por el Estado y en un 40% por Navarra, anunció este martes que había escogido construir un canal mediante dos tuberías simultáneas, con un coste de 220 millones para abastecer de agua de boca a más de 70.000 habitantes y regar hasta 21.522 hectáreas.La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, convocó una rueda de prensa a las 18.00 horas para informar de esta decisión, pero problemas técnicos le obligaron a cancelar su comparecencia y sustituirla por una intervención grabada: “Llevar agua de calidad a la Ribera es una prioridad para este Gobierno y siempre ha estado en nuestra hoja de ruta. Este acuerdo entre el Estado y Navarra ejemplifica el entendimiento entre ambas administraciones”, remarcó.
La inclusión del Canal en el Plan Reactivar Navarra/Nafarroa Suspertu 2020-2023 obligaba a actuar con rapidez para presentar dicho proyecto como uno de los siete tractores para afrontar el cambio de modelo hacia una economía verde y digital. El Gobierno foral ha incorporado la segunda fase del Canal dentro de las cuatro iniciativas que apuestan por la transición verde en la Comunidad: junto a esta infraestructura hídrica; el Green Deal de Navarra, presentado ayer; la Nueva Agenda Urbana y el Ebro Food Valley. Ahora la pregunta que queda en el aire es si van a solicitar el 100% del coste de esta infraestructura al fondo de recuperación de la UE, o por el contrario solo será una parte, y el resto tendrá que negociar el Estado y Navarra cómo se sufraga. La financiación del canal siempre ha sido materia de discusión en Canasa, pero estos fondos europeos han podido allanar el camino para reactivar esta obra, qué prevé pueda iniciarse en 2022.
El acuerdo, que prioriza la rentabilidad social y estratégica del proyecto, se alcanzó ayer en la reunión de la comisión de seguimiento del Canal Navarra-Estado; y del consejo de administración de Canasa, celebrado de manera telemática por la covid, y que no se reunía desde diciembre. En esa videollamada participaron la directora general, Rosa Cobo; el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza; el de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi; y la titular de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez.
El consejo se decantó por dos tuberías construidas al mismo tiempo porque conllevan un desarrollo más rápido de toda la zona regable al posibilitar, desde un inicio, la puesta en riego de hasta 21.522 hectáreas; porque permiten realizar una planificación estratégica en el ámbito agrícola, industrial y de abastecimiento urbano; porque producirán una mayor garantía de suministro ante posibles averías o mantenimiento; porque suponen una menor afección medioambiental y arqueológica al hacerse una única intervención; porque los trabajos de recuperación paisajista y medioambiental serán más acotados en el tiempo; y porque suponen un ahorro de cinco millones respecto a otra de las alternativas (la de dos conducciones con decalaje). Se construirá una conducción de entre 70 y 80 kilómetros, desde Pitillas a Ablitas, cruzando los ríos Aragón, Ebro y Queiles, las Bardenas Reales y las autopistas A-68 y AP-68; y se ejecutarán once tomas para poner en riego esas zonas, además de dos balsas de regulación, una en Pitillas, con una capacidad de 0,45 hm3, y otra en Montes del Cierzo, con 9,06 hm3. El consejo informó de una reserva hídrica inicial de 21 hm3.
la tarifa de los regantes
Por su parte, Canasa autorizó firmar un convenio con la Comunidad General de Regantes hasta el 31 de diciembre para proponer las tarifas de 2019 y 2020. El consejo de administración acordó mantener un encuentro de manera inmediata con los regantes para negociar esta cuestión, que está paralizada. Todavía a los usuarios del canal no les han presentado ninguna oferta. Por último, Canasa adjudicó el contrato de servicios de explotación de las infraestructuras del Canal a la UTE Obras y Servicios Públicos-Técnica y Proyectos, por 3.261.192 euros para los dos primeros años, con dos posibles prórrogas de un año, hasta un máximo de cuatro, por 6.522.384 euros.
“Suministrar agua de calidad a la Ribera siempre ha sido una prioridad para este Gobierno”
Presidenta del Ejecutivo navarro
Ejecutivo navarro
