El salario de los empleados públicos de la Administración foral y de las entidades locales crecerá un 0,9% el próximo año, de acuerdo al incremento que ha propuesto el Estado para incluir en los próximos Presupuestos Generales, que están pendientes de negociación.

Semanas antes de que se conociera el anteproyecto de presupuestos del Gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos, el departamento de Función Pública, dirigido por Javier Remírez, ya adelantó a los sindicatos de la Mesa General, LAB, CCOO, Afapna, ELA y UGT, que las próximas cuentas de Navarra incluirían el máximo incremento salarial aprobado por el Estado. De esta forma, como ese aumento se ha concretado en el 0,9%, los casi 35.000 empleados públicos de la Administración foral y de entidades locales verán reflejado ese crecimiento en sus nóminas en 2021.

Esta subida supone como mínimo unos 13 millones de incremento en el capítulo de gastos, según los 1.466 millones presupuestados en esta partida en 2020. Sin embargo, esta cantidad ha superado las previsiones durante este ejercicio por la multiplicación del número de contrataciones para combatir el coronavirus.

Principalmente esas incorporaciones se han producido en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea -ocho de cada diez relaciones contractuales-; además de otras secciones como la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Hacienda Foral y SOS Navarra. Pero esta generación de empleo también va acompañada del crecimiento de la eventualidad. Antes de explotar la pandemia, Osasunbidea registraba hasta un 40% de eventualidad, “porcentaje que puede llegar ahora hasta el 50%”, según denuncian fuentes sindicales.

LOS BENEFICIARIOS

La subida del 0,9% en las nóminas favorece a unas 28.000 personas empleadas públicas de la Administración foral; y a casi 7.000 vinculadas a la administración local, según datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas correspondiente a principios de año, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. A todos ellos se unen los funcionarios del Estado que desarrollan su actividad en la Comunidad Foral, que según esta estadística, ascienden a unas 4.000 personas.

Los sindicatos de la Mesa General de Función Pública no han mantenido recientemente una reunión con el Gobierno, pero solicitan que se cumpla el compromiso que adquirió el Ejecutivo al anunciar que aplicaría el mismo porcentaje que el Estado va a plasmar en los Presupuestos Generales.