El TS abre diligencias contra Manu Ayerdi por el caso Davalor pero no le cita como investigado

Así lo interpretan sus abogados, que entienden que no se dan las condiciones que le obligarían a dimitir, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley Foral del Gobierno de Navarra y de su Presidenta. Dicha norma recoge que en el momento que un cargo público conozca, "de forma fehaciente", que un juzgado ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado, entenderá que "su permanencia en el cargo es incompatible" con los principios éticos y la obligación de preservar el prestigio de las instituciones.

El Gobierno de Navarra también considera que Ayerdi está legalmente habilitado para continuar con sus responsabilidades. "La situación actual del consejero Ayerdi como querellado no implica la aplicación de lo previsto en el artículo 68 de la Ley Foral del Gobierno de Navarra y de su Presidente, al no haber adquirido todavía la condición de investigado por parte del Tribunal Supremo", subrayó el Ejecutivo foral en un comunicado. No obstante, recordó que "se ratifica en su posición de señalar que Manu Ayerdi dejará de ser consejero si el Tribunal Supremo lo considera como investigado, condición todavía no adquirida al día de hoy".

La continuidad de Ayerdi en el Gobierno volvió a estar durante unas horas en el aire, después de que a primera hora de la tarde de este jueves el magistrado instructor, Andrés Palomo del Arco, publicara un escueto auto. En él, establece una fianza de 10.000 euros a UPN para que pueda ejercer la acusación popular en este procedimiento penal, en el que se investiga a Ayerdi por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

En el mismo auto, el juez abre diligencias previas contra Ayerdi y le da traslado de la querella interpuesta por UPN el 2 de junio de 2020, que ha dado pie a este procedimiento judicial, para que pueda ejercer su derecho de defensa. De hecho, el magistrado recuerda al consejero su derecho a designar libremente un abogado.

No tardó UPN en exigir el cese inmediato del querellado, pese a que el auto no supone una novedad trascendental con respecto al emitido el pasado 14 de diciembre, en el que el Supremo abrió causa penal para investigar los fondos concedidos a Davalor. Del resto del arco parlamentario, ninguna de las otras cinco fuerzas representadas reclamaron la renuncia de Ayerdi.

No obstante, los pasos dados por el magistrado en este auto invitan a pensar que el próximo capítulo en esta causa será la citación del consejero. De ser así, lo haría ya en calidad de investigado, por lo que Ayerdi dejaría de ser consejero en cumplimiento de la legislación foral y de su propio compromiso. El consejero remitió una carta a la presidenta María Chivite de Navarra, el pasado 15 de diciembre, en la que expresaba su "firme voluntad de dimitir" en el supuesto de que su situación procesal "pase a ser la de investigado o figura legal equivalente".

En la misma misiva, Ayerdi solicitaba disponer de una semana para poder preparar su marcha de un departamento con bastante carga de trabajo.

Pese a su complicada situación judicial, Ayerdi viene desempeñando su cargo con normalidad. Sin ir más lejos, este jueves asistió a la clausura de la octava edición de Impulso Emprendedor, y para hoy viernes está anunciada su intervención en la clausura de la jornada Cicloturismo en Navarra: Construyendo un destino de excelencia para el turismo en bicicleta, que tendrá lugar a las 12.30 horas en el pabellón Navarra Arena.

La querella de UPN que ha dado pie a esta investigación se remonta a septiembre de 2015. Ayerdi, que por entonces era vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, consejero de Desarrollo Económico y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra SL (Sodena), concedió a Davalor un préstamo de un millón de euros. La querella de UPN sostiene que esta concesión se realizó sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para recibir esta ayuda y que se encontraba en situación de insolvencia.

Asimismo, los denunciantes sostienen que Ayerdi, pese a ser conocedor de la falta de depósito de las cuentas anuales por parte de Davalor y de las deudas que la entidad mantenía con la Hacienda Navarra y la Seguridad Social (causantes de la denegación de subvenciones en los años 2016 y 2017), no sólo no instó el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos a la empresa hasta sumar 2,6 millones.

Davalor entró en concurso de acreedores en julio de 2018 al fracasar su modelo de negocio.