- El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la ley que deroga el artículo 315.3 del Código Penal, que castigaba con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen en una huelga, tras un debate con una fuerte carga ideológica que ha divido a la Cámara. La norma ha salido adelante con 189 votos a favor, 151 en contra y 8 abstenciones, con lo que pasa al Senado donde el Gobierno quiere que se tramite por vía urgente para que esté en vigor el Primero de Mayo.
PP, Vox y Ciudadanos han planteado el debate como una dicotomía entre el derecho al trabajo y el derecho a la huelga, un argumento contestado por el PSOE, Unidas Podemos y el resto de partidos de la izquierda, que han defendido que ambos derechos fundamentales no son antagónicos.
Tanto PP como Vox y Cs se han mostrado partidarios de la existencia un tipo penal específico para la coacción en el contexto de una huelga. Vox pedía además que se duplicaran las sanciones para volver a las establecidas en el Código Penal de 1995, que luego el Gobierno popular de Mariano Rajoy rebajó a la mitad en 2015.
El diputado de esta formación, Juan José Aizcorbe, clamó por una España con “trabajo, ley y orden”, en la que no quede impune “la violencia en la que la izquierda se mueve cómodamente, plácidamente y consentidamente”.
La portavoz del PSOE, Andrea Fernández, consideró inadmisible la petición de Vox de duplicar las penas con la excusa de proteger el derecho al trabajo, cuando lo que busca en realidad “es imponer su agenda reaccionaria”, y mostró su sorpresa por que Ciudadanos se haya alineado con los argumentos de Vox y PP.
La diputada socialista dijo que se trata de eliminar un precepto que criminaliza las huelgas y el sindicalismo, porque presume que una huelga es un ambiente proclive a la delincuencia.
El portavoz del PP, Jaime de Olano, defendió que el derecho de huelga no es ilimitado y que hay que ponderar cuál prevalece cuando entra en conflicto con el derecho al trabajo o con la libertad en general.
Por parte de Ciudadanos, el diputado Pablo Cambronero consideró que no es urgente ni necesaria esta derogación y que la prioridad debería ser la creación de empleo, al tiempo que insistió en que la huelga es un derecho fundamental, no una obligación.
“Los piquetes a veces coaccionan, amenazan e incluso agreden”, dijo Cambronero, que acusó a la extrema izquierda de querer “sustraer cuota de libertad a los individuos”.
El diputado del grupo republicano, Jordi Salvador i Duch, dijo que no se trata de ser liberal, sino de pasar página respecto de una legislación del tardofranquismo, y afeó a la derecha su preocupación por la coacción de los piquetes informativos y no por la coacción empresarial contra las huelgas.
La diputada de Unidas Podemos, Aina Vidal, explicó que la tipificación del delito de coacción en el ámbito de la huelga viene de 1928, se recuperó en 1976 y se mantuvo en 1995, un anacronismo que no tiene justificación y que ha llevado a procesar a 300 sindicalistas en España a los que se les debe una disculpa.
En medio de los dos bloques que claramente se posicionaron a favor y en contra de la ley se situó el PNV, que optó por abstenerse, aunque su portavoz, Mikel Legarda, abogó por mantener el tipo penal específico para la coacción en el ámbito de la huelga, pero rebajando las penas a un máximo de dos años para evitar la entrada en prisión de quienes carezcan de antecedentes.
