El Banco de España alerta: casi 42.000 navarros viven en municipios sin acceso al efectivo

La escasa población, su envejecimiento y el proceso de concentración bancaria, con cierre masivo de oficinas y despidos, agrava los riesgos de exclusión financiera

04.08.2021 | 19:42
Un ciudadano introduce su tarjeta en un cajero

La última década no solo ha transformado el mapa bancario español. Ha cambiado también el modelo de negocio de las pocas entidades que han sobrevivido y se ha reducido casi a la mitad la red de sucursales, muchas de las cuales apenas reciben hoy sin cita previa. Y como consecuencia de todo ello ha crecido el número de personas que vive en localidades sin una sucursal o, incluso sin acceso cotidiano al efectivo.

En Navarra, según los datos publicados por el Banco de España, son algo más de 41.700 personas, lo que supone en torno a un 6,3% de la población total. Si bien no ha crecido de forma drástica en los últimos años, se trata de una cifra relativamente alta, que duplica ampliamente la media española y que muestra no solo el impacto del adelgazamiento de la red comercial, sino la propia estructura municipal y administrativa de Navarra, con 272 municipios.

145 de ellos no tienen un cajero. Sus vecinos, muchos de ellos ancianos, tienen que desplazarse hasta una oficina bancara o esperar a que alguien se lo haga llegar.

Así se recoge en su artículo Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España, publicado este miércoles y elaborado por Diana Posada, economista del organismo supervisor.

En este sentido, Castilla y León es la comunidad autónoma con una cobertura menos amplia, con Zamora (27,8% de la población sin acceso sobre el total), Avila (21%), Segovia (19,9%) y Palencia (18,2%) como las provincias que presentan menores ratios de población con un punto tradicional de acceso al efectivo en un radio de cinco kilómetros.

El supervisor explica esta situación por la menor densidad de población, así como por otros factores, entre ellos, la orografía del territorio, que ha hecho que, históricamente, la cobertura de la red de oficinas y de cajeros automáticos en estas zonas del país haya sido menor y se hayan utilizado soluciones alternativas, como agentes financieros u oficinas móviles.

A esto, el Banco de España suma el proceso de consolidación bancaria de los últimos años, que "ha intensificado una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable".


Población vulnerable


Junto a ello, el estudio concluye que la vulnerabilidad en el acceso tradicional al efectivo en España es "relativamente baja" en gran parte del territorio, si bien ha detectado que hay aproximadamente 1,3 millones de personas en una situación "vulnerable". De ellas, algo más de 36.300 personas, en torno al 5,5% de la población, se encontraría en una situación de vulnerabilidad

Se trata de una cifra obtenida a través del Indice de Vulnerabilidad en el Acceso al Efectivo (IVAE), que tiene en cuenta indicadores tanto de oferta como de demanda de efectivo. En concreto, se han tenido en cuenta cuatro factores: el número de puntos tradicionales de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes para cada municipio; la distancia a ellos; la renta disponible media por persona; y la proporción de personas mayores de 60 años en cada localidad.

El Banco de España señala que, según el grado de vulnerabilidad, la mayor parte de la población española vive en localidades con un nivel "bajo o muy bajo de vulnerabilidad". No obstante, aproximadamente un 3% de los ciudadanos se encontrarían en una situación de vulnerabilidad media o alta en términos de acceso al efectivo.

Además, cerca de 340.000 personas residirían en municipios con una vulnerabilidad alta, lo que supone un 0,7% de la población española. Se trata, en general, de localidades pequeñas, con una población media de 400 habitantes, con personas mayores de 60 años que superan el 40% del total, con una distancia media de 9,4 kilómetros a un punto de acceso al efectivo, y una renta disponible por debajo de la media nacional.

Las provincias de León, Salamanca y Zamora concentrarían la mayor parte de la población en municipios considerados de muy alta vulnerabilidad en el acceso al efectivo.

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